Foto: AERTEVALÈNCIA (EP). Una concentración, convocada por la patronal de la residencias Aerte, ha reclamado este martes frente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en València el "desbloqueo" de "manera inmediata" del acceso al sistema de atención a la salud mental y de dependencia en la Comunitat Valenciana, que denuncia que se ha cambiado desde agosto porque al departamento dirigido por Aitana Mas le "parecía caro".
Los participantes, a los que se han sumado representantes de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (Fevafa) que representa a 42 entidades sin ánimo de lucro de ámbito local de toda la Comunitat Valenciana, personas usuarias, familiares, profesionales y entidades, han exhibido pancartas en las que se ha reclamado que se frene el "desplome del sector" y que no se dé "ni un paso atrás".
El presidente de Aerte, José María Toro, ha criticado el "inmovilismo" de la Conselleria en este tema y el empeoramiento de la situación desde la última concentración de hace un mes, con el "cierre" de viviendas tuteladas y, según ha lamentado, "se confirma el copago con el tope de la ayuda de 715 euros que aprobó la semana pasada la Generalitat", --en el decreto de tipologías de centros-- que "hace que la gente no pueda acceder por primera vez a la vivienda ni transitar entre centros".
Toro ha reprochado que el tiempo "pasa" y la administración "sigue inmóvil" y afea que siga "pesando más la decisión política y la voluntad de la Conselleria de no corregir un error grandísimo en atención a salud mental", donde critica que se estén "desmantelando recursos que están funcionando bien" mientras que "estamos todo el día hablando de este tema y haciendo convenciones ciudadanas".
El presidente de Aerte ha advertido de que se seguirán concentrando porque, además, considera que el decreto de tipologías "suma bastante más incertidumbre a la situación que tenemos ahora mismo".
Según el manifiesto de la patronal, para que la salud mental "sea una verdadera prioridad se debe poner el foco en las personas que se encuentran en esta situación y ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado" y recursos que "deben adaptarse a las necesidades de las personas en cada momento, intentar ofrecerlos en el ámbito comunitario y que su intensidad sea la menor necesaria posible para fomentar al máximo autonomía".
Aerte reconoce que se ha desarrollado una red "muy importante de viviendas" de apoyo en salud mental en los últimos años en la Comunitat Valenciana, con 107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 por el fomento de la propia Conselleria, que han colaborado "cumpliendo su función temporal y complementaria, a rehacer su vida a muchas personas".
Sin embargo, lamenta que desde agosto el departamento que dirige Aitana Mas "ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda", con el argumento de que hay "otros servicios compatibles para apoyarlos, desconociendo que el personal que está en las viviendas está para ofrecer ese servicio, como han venido haciéndolo hasta ahora".
Según la patronal, "esto está provocando el bloqueo del acceso al sistema" ya que las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios "no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia".
"Solo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y esto no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite", denuncia Aerte, que se muestra "decepcionado", como "profesionales", porque se haya cambiado el sistema "sin ni siquiera preguntar el resultado que estaba dando y cómo estaba ayudando a las personas atendidas".
"No se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro", critican, afirman que no se ha priorizado la salud mental y piden a Igualdad "que dé la ayuda suficiente a cada persona que necesite ser atendida en una vivienda tutelada y que desbloquee el acceso al sistema de manera inmediata".
Además, reprochan desde la patronal que con el Decreto 102/2022 "también se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores ya que solo pueden acudir con una prestación vinculada de garantía a los centros cuya tarifa es inferior a las del coste de referencia que marca Conselleria".
Según la patronal, "esto impide que puedan recibir los servicios opcionales o añadidos, como una habitación individual, que consideren ya que no pueden pagar nada más". "Han sido más de 100 residencias las que han informado a la Conselleria de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación", cuantifica Aerte.
Tras el estudio de la memoria económica que acompaña la tramitación del nuevo decreto, la patronal sostiene que el incremento de las ayudas previsto es "insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos", y advierte de que "provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias". En esta línea, advierte que la situación "puede provocar que muchas personas tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas".
