CASTELLÓ. La concejala tránsfuga de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Paula Archelós, no podrá percibir una retribución superior a la que cobraba en su partido de origen, esto es, 1.176,55 euros mensuales por una dedicación del 20%. Así lo recoge la propuesta de la alcaldesa, Amparo Marco, para definir sus derechos y obligaciones como edil del grupo de no adscritos. Sin embargo, el acuerdo no dice nada acerca de la posibilidad de eliminar esa remuneración fija, de forma que la regidora solo reciba una cantidad por asistencia (155 euros por pleno). La decisión final sobre sus emolumentos la tomarán los seis partidos municipales (PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos, Podem-EUPV y Vox) en una votación en la sesión plenaria del 27 de mayo, siguiendo además las recomendaciones de la secretaria municipal, que emitió un informe el pasado 12 de mayo.
Ese documento, amparado en el reglamento orgánico de comisiones y plenos, subraya la imposibilidad de presentar mociones de urgencia y declaraciones institucionales, así como enmiendas transaccionales. Del mismo modo, Archelós no será considerada como portavoz ni se integrará en la junta de portavoces. Su participación en los debates deberá contar con la autorización de la presidenta (la alcaldesa) y su intervención, en ningún caso, será superior a la mitad del tiempo establecido para las alocuciones de los representantes de los grupos municipales.
Respecto a la dotación económica para los partidos, la munícipe tránsfuga no tendrá derecho a percibir los 3.500 euros anuales, mientras que el componente variable asignado por concejal (1.379 euros) se reducirá al 50%. En cualquier caso, esa cuantía no se podrá sumar al salario global si significa superar los 14.118,60 euros que ingresaba como regidora de Cs.
La marcha de Archelós al grupo de no adscritos obligará al Ayuntamiento a modificar la constitución de la Comisión Informativa de las Personas y Desarrollo Económico, que estará ahora formada por 11 munícipes: cuatro del PSPV, dos del PP y el resto de Compromís, Podem-EUPV, Ciudadanos, Vox y grupo de no adscritos (uno cada uno).
En un principio, el futuro de la exconcejala naranja debía haberse tratado este martes en una junta de portavoces convocada ex profeso, según figura en el único punto del orden del día. No obstante, la presencia de ediles se redujo a los del equipo de gobierno. Los representantes de la oposición justificaron su no comparecencia alegando problemas de comunicación.
Debido al ciberataque, resulta imposible acceder a los correos corporativos mediante dispositivos externos, por lo que, al remitirse el email en la tarde de este lunes, tanto populares como naranjas y el partido de extremaderecha supusieron de la reunión el mismo día, sin poder cambiar las agendas personales. Cabe recordar que los ediles de la oposición no tienen dedicación exclusiva, a diferencia de los 15 que componen el ejecutivo municipal.