Amnistías, amnesias y otros trucos

Siempre hay una trastienda difícil de adivinar en toda negociación política, pero la actual en España en torno a amnistía y referéndum a cambio de investidura es mucho más grande, y grave, de lo que imaginamos. La magnitud es tal que, personalmente, me atrevería a decir que podemos estar tranquilos y alejar temores ante lo que se muestra como, sencillamente, imposible. Pero vista la experiencia de los últimos tiempos, sería osado dar por cierto nada de alguien como Pedro Sánchez. Ni siquiera lo imposible…

Nada impide aprobar al Congreso salido de las urnas el pasado 23J una amnistía que, tramitada como ley orgánica, requiere 176 votos a favor. De hecho, ya se han dado 178 apoyos para la conformación de la Mesa del Congreso según precisamente lo marcado por quienes vinculan cualquier acuerdo a la satisfacción del nacionalismo secesionista. Y olvidemos la capacidad de veto de la mayoría del PP en el Senado: se soslaya fácilmente con una segunda votación de 176 en el Congreso o con esperar dos meses para una nueva votación que ya no exigiría mayoría absoluta.

Que la Constitución no hable de amnistía, sino de indultos, prohibiendo sólo los generales, no es, en mi opinión, obstáculo jurídico para legislar sobre ella. Otra cosa es que el PSOE esté dispuesto a enmendar nada menos que más de veinticinco años de gobiernos socialistas tras la promulgación de aquella Constitución. Más de veinticinco años de un total de poco menos de cuarenta y cinco de democracia en España. Porque aprobar una amnistía, algo que se hace cuando se cambia de régimen y se reconoce expresamente la falta de legitimidad y calidad democrática del anterior y de su ordenamiento, es lo que le proponen a Sánchez. Y éste parece dispuesto a asumir que se puede poner en cuestión al propio PSOE de González y de Zapatero, que ha gobernado más tiempo que nadie gracias a los votos libres y democráticos de los españoles, aunque ello atropelle la historia de su partido y la legitimidad de las instituciones que ese PSOE ayudó a construir.

¿Pero qué amnistía nos reclaman? Porque recordemos que a finales de 2022 conseguía ERC, con PSOE y UP de la mano, no sólo derogar el delito de sedición (por el que se condenó a la mayoría de los encausados del procés), sino modificar el de malversación de caudales públicos para rebajar las condenas de ese mismo procedimiento a simples multas. El Tribunal Supremo, sin embargo, en un auto de 13 de febrero de este mismo, año concluía que la derogación de la sedición implicaba extinguir la pena por ese delito, pero que no procedía cambio alguno en las condenas de entre 12 y 13 años de inhabilitación para los casos de malversación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Lo que hoy Junts y ERC proponen es básicamente eso: enmendar de nuevo desde el ejecutivo y el legislativo al poder judicial para conseguir lo que hace unos meses se quedó a medias. Porque hoy cuatro de los condenados lo siguen estando, aunque sólo por malversación y no por sedición, y Carles Puigdemont deberá ser aún juzgado precisamente por, presuntamente, malversar y desobedecer, como también Marta Rovira, secretaria general de ERC, por, supuestamente, sólo desobedecer. Y ambos son hoy, o se pretende que sean, interlocutores directos del independentismo ante Sánchez y para su investidura.

Pero el alcance de esta amnistía pretendida es más curiosa todavía: no va sólo de amnistiar a malversadores o desobedientes en general, sino a aquellos que el nacionalismo señale como ‘amnistiables’, para entendernos. Así, por ejemplo, ya se ha incluido en esa lista a Laura Borràs, ex presidenta del Parlament condenada por prevaricación y falsedad en documento oficial, ampliando las posibles conductas delictivas a amnistiar sólo porque quien las ha llevado a cabo es del agrado de Junts o de ERC. ¿Hablaremos, quizá, de Pujol…?

En suma, que lo que se negocia es una amnistía, sí, pero a la carta y personalizable según de quién se trate. Y así no será aplicable, por supuesto, a Luis Bárcenas por sus delitos de falsedad o contra la Hacienda Pública ya sentenciados. Ni tampoco a otros políticos pendientes de juicio como Alberto Casero, el del voto famoso en la reforma laboral, que espera fecha acusado de prevaricación y malversación, hoy con la agravante de no ser ni catalán ni nacionalista.

El órdago de la amnistía parece, por tanto, inasumible e imposible, o que únicamente podría ser realidad si Sánchez, el PSOE, y todos en general, nos volvemos amnésicos totales, algo improbable. O no… En cualquier caso, todo condenado o simple acusado, pongamos, del PP haría bien en ir abrazándose a la estelada por si las moscas, que hasta los condenados por los ERE de Andalucía parecen preferir ya Montserrat antes que El Rocío para peregrinar.