Antifraude y los órganos estatutarios: un bloqueo sin horizonte claro de solución 

VALÈNCIA. Ha pasado más de un mes desde que se conocieron los nombres de los candidatos a dirigir la Agencia Antifraude en sustitución de Joan Llinares y, desde entonces, nada se ha movido. La situación del ente se ha sumado a la de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana: un bloqueo sin un horizonte claro de solución ante la dificultad de que los partidos del Consell y de la oposición alcancen un acuerdo. 

A mediados del pasado enero, dos nombres quedaron como opciones para situarse al frente de Antifraude. Uno es el de Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la agencia. El otro es el de Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria con una larga trayectoria profesional y una conocida vinculación al exministro Eduardo Zaplana. 

Al primero lo presentaron como candidato único, cada una por separado y tras pactarlo, Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana–.

Al segundo lo propuso la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, cuya presidenta formó parte de las listas del PP en El Palomar y en Riola en las elecciones municipales de 2023 y 2019.

Ni los grupos de la izquierda ni los de la derecha registraron oficialmente a aspirantes, pero lo cierto es que los perfiles representan a ambas sensibilidades. De hecho, el PP se desvinculó de la candidatura de Beut, aunque la interpretación de que movieron que su nombre se pusiera sobre la mesa para tener una posición de fuerza ante el bloqueo surgió desde el principio. 

Los populares y Vox necesitan a un partido de la oposición para sacar adelante uno de los dos perfiles. Y no ha habido contacto alguno al respecto. Pero en el pack de negociación no aparece sólo Antifraude, sino los órganos estatutarios. 

En este momento, se encuentran en funciones la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura. Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos han sido incapaces de desbloquearlos en los últimos años.

Hasta la fecha no ha habido ninguna reunión al respecto de todos estos asuntos salvo contactos informales. Y lo cierto es que pesan factores externos, como el proceso de renovación del PSPV. Aunque Diana Morant ya ejerce como nueva líder, tendrá que ser ratificada en el congreso que el partido celebrará del 22 al 24 de marzo. Cuando el cónclave pase, los socialistas deberán abordar, ya con la nueva dirección conformada, su estrategia a todos los niveles, incluyendo la institucional y, específicamente, en Les Corts, donde José Muñoz ejerce de portavoz.

Esto supone que cualquier negociación se pospondrá hasta que la situación interna del PSPV quede despejada, con todos los interlocutores claros y la línea definida. Hasta entonces, el PPCV sabe que no puede sentarse a hablar. 

Una vez superado este punto –lo cual ya supone un retraso adicional–, habrá que comprobar si Gobierno y oposición son capaces de entenderse. Cosa que no parece en absoluto sencilla. El PSPV y Compromís se han aliado para mantener posiciones conjuntas en determinados asuntos, y uno es el concerniente e Antifraude y los órganos estatuarios. En el caso de la agencia, lógicamente no van a apoyar a Beut. En el del resto de entes anticiparon que sólo negociarán con el PP si Vox se mantiene fuera de todo. 

No significa únicamente que no obtengan ningún puesto en los órganos estatutarios que han de renovarse, sino que ni siquiera sean tenidos en cuenta en las mismas negociaciones ni en la toma de decisiones sobre perfiles. 

Esto se traduciría en que los populares apartaran a sus socios completamente de algo que les concierne como partido de Gobierno y con representación en Les Corts. Una condición que, de entrada, se antoja inasumible para el PP. 

El secretario general del PPCV y portavoz adjunto en Les Corts Juanfran Pérez Llorca apeló al diálogo y al consenso con la oposición. Algo que dejaba entrever la posibilidad de explorar un acuerdo que desbloquee la situación y en el que se incluyan cesiones por parte de los populares si la izquierda hace lo propio. Es decir, que pudieran dar sus votos para la renovación de Antifraude si existiera contrapartida del PSPV y Compromís en los órganos estatutarios. 

La cosa no parece fácil y el bloqueo al que se apuntó inicialmente se está cumpliendo con el paso de las semanas sin avance alguno. En el caso de Antifraude, cabe recordar que la ley contempla que cuando finalice el mandato del director y no se haya logrado nombrar a uno nuevo se pueda designar una dirección en funciones que, de acuerdo con el organigrama actual, recaería en Teresa Clemente, directora de asuntos jurídicos de la entidad.