Dentro de las acciones para incentivar no solo el control económico si no también el control social me ha parecido interesante y nada anecdótica la posición claramente beligerante asumida por el gobierno de Pekín frente a las grandes empresas tecnológicas chinas y, en especial frente a Didi (el arrollador Uber chino). Es cierto que aquí nos volvemos a encontrar con la recurrente manifestación del intervencionismo gubernamental respecto de los agentes empresariales de la que hemos sido testigos en años recientes con corporaciones como Hainan Airlines, Wanda, Fosun, Alibaba, Angbang o Brightfood, entre otras. Durante mi estancia en China, estas eran algunas de las empresas a las que convenía conocer e incluso aproximarse para prestarles servicios profesionales en sus inversiones en el extranjero. Y esto era así porque compartían elementos comunes muy atractivos: dinamismo, innovación, crecimiento, ambición y apetito inversor fuera de China.
Sin embargo, la aparente ascensión astronómica de dichas compañías y de sus respectivos líderes y dirigentes económicos se ha visto sistemáticamente truncada cuando se olvida la regla número uno: esta es, no realizar críticas en público del sistema económico chino que constituye precisamente el entramado institucional, económico y político que les ha permitido alcanzar su éxito aplastante. Cuando esto se olvida, el gobierno chino de una forma o de otra (intervención en la gestión, formativas y estimulantes entrevistas, en lugares cinematográficos como los aeropuertos, para convencer a sus ejecutivos de que vuelvan a la ortodoxia y que no desoigan la voz de su amo ya que de lo contrario tendrán que atenerse a las consecuencias siempre devastadoras) recupera el control y consigue alinear y acompasar el interés de las empresas en cuestión con los intereses generales por los que vela con tanta eficacia y determinación.
Pero volvamos a Didi. Pocos días después de su exitosa salida a bolsa en Nueva York (que por cierto había disparado las alarmas en el gobierno chino por las razones que se expondrán más adelante) captando alrededor de 4.400 millones de dólares, la administración competente, la todopoderosa Administracion del Ciberespacio de China (conocida por sus siglas como la CAC) inició una investigación contra Didi y ordenó que se suspendiese la incorporación y registro de nuevos usuarios con carácter previo a la retirada y prohibición de la venta de su aplicación en los comercios digitales en China. Asimismo, hasta siete departamentos gubernamentales (que incluyen al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Recursos Naturales) están examinando con lupa determinados aspectos de las actividades de Didi.
La CAC no ha aclarado hasta cuando se desarrollarán las referidas investigaciones, ni las sanciones a las que se puede enfrentar la compañía. Parece que la investigación arrancó incluso antes de la salida a bolsa. Este dato ha sido desmentido airadamente por Didi cuya acción ha caído más allá del 10% de su precio de suscripción ya que sabe perfectamente que si este dato se acreditase se podría enfrentar a reclamaciones millonarias por haber publicado datos falsos e información tendenciosa y haber omitido a sus inversores información esencial y determinante sobre la investigación de la CAC. Didi no ha sido la única compañía objeto del escrutinio gubernamental. Así, también se está siguiendo investigaciones frente a Huochebang y Yunmanman ambas integradas en el emporio Truck Alliance y conocidas como las “Didi del mundo de los caminones”. Y contra el portal de búsqueda de empleo, Boss Zhipin.
El gobierno de Pekín ha declarado que las medidas adoptadas tienen como objeto esencial razones de interés público especialmente sensibles, esto es la prevención de riesgos a la seguridad nacional y la protección del interés general. Todo ello va ligado al uso o exposición que se pueda hacer de los datos de los usuarios que por la naturaleza de la actividad de estas empresas son de un volumen exorbitante. En efecto, este es uno de los denominadores comunes que comparten estas compañías de transporte compartido: el tratar enormes cantidades de datos relacionadas con los movimientos de personas y vehículos así como de las infraestructuras de transporte nacionales y sus condiciones en tiempo real. Siendo esta información especialmente sensible, no parece responsable que no se impida y se controle el acceso a esos datos. El otro elemento que comparten las empresas objeto de investigación es precisamente haber salido recientemente a bolsa en los Estados Unidos por el apetito que en general provocan en su mercado las salidas a bolsa de las empresas chinas.
Pero las medidas contra estas empresas centradas en la protección de los datos de carácter personal no son las únicas adoptadas por las autoridades chinas contra las grandes tecnológicas. También se está desarrollando una investigación por actividades contrarias a la normativa de competencia y más concretamente por entender que se tratan de prácticas monopolísticas. Estas se han centrado en análisis de compras de empresas competidoras procediendo a la correspondiente concentración empresarial sin haber recabado la autorización de la administración china de defensa de la competencia correspondiente; o en prácticas tales como la reducción de precios para incrementar la cuota de mercado a través de determinadas subvenciones; o reparto de sectores de determinados mercados por empresas competidoras.
Pero vayamos a las motivaciones que subyacen en el posicionamiento del gobierno chino frente a las empresas tecnológicas. Estamos finalmente siendo testigos de una guerra de poder en la que estas empresas han adquirido una preponderancia que las convierte en peligrosas para el gobierno chino ya que manejan una sustancia esencial y de enorme interés: los datos de los usuarios. Este desafío se está produciendo en otras latitudes como en Estados Unidos y en la Unión Europea respecto de Google y Facebook. No es la primera vez que sucede en la historia: los intereses del Estado que en teoría debe velar por el bienestar de todos y por el interés general deben prevalecer sobre el interés empresarial privado.
Así históricamente cuando los combustibles fósiles como el petróleo se convirtieron a principios del siglo XX en las fuentes de energía esenciales, compañías que se encontraban en una situación de cuasi monopolio como la Standard Oil de Rockefeller pasaron a constituir una amenaza para el interés general. Esto motivó la intervención del Gobierno de los Estados Unidos que promulgó e implemento la normativa antimonopolio correspondiente para evitar que dichas empresas pudiesen alcanzar un poder por encima del del Estado.
Así, volviendo a China, hasta hace muy poco las empresas tecnológicas operaban de forma relativamente autónoma, en una zona regulatoria que podríamos calificar de gris, registrando los datos personales de sus clientes y analizándolos lo que les permitía entenderlos mejor, desarrollando sus propios modelos de negocio y firmando contratos de exclusividad con sus respectivas plataformas. Esa acumulación de datos de carácter personal de sus clientes les ha dado un poder astronómico. Por ello, las reacciones del Gobierno chino no se han hecho esperar. En este sentido Alibaba ha sido recientemente sancionada con una multa que ha batido todos los records de 2.800 millones de dólares por prácticas constitutivas de infracción de la normativa de competencia aplicable.
Por lo tanto, es lícita la preocupación del gobierno chino, en este sentido análoga a la de sus homólogos europeos y americanos. Sin embargo, en los sistemas europeos y americanos existen mecanismos de equilibrio, de contrapoder, los llamados de check & balances, para evitar la concentración arbitrario del poder. Esta circunstancia no se da en el gobierno chino lo que implica que resulta inquietante que un poder inmenso y no democrático pueda proceder sin restricción alguna a la gestión de todos los datos personales de sus ciudadanos. Porque hecho puede contribuir a que al final dicho poder sea ilimitado consolidando una ciberdictadura donde la disidencia será sencillamente imposible. Y cuando ese régimen es una de las principales potencias globales, de la inquietud podemos pasar al temor sin solución de continuidad porque la convivencia no va a ser nada fácil.