Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado lunes, la pregunta que se hacía desde hace tiempo en voz baja ocupó un titular: ¿Qué pasa con las oposiciones de À Punt? Y, desde entonces, mucho se ha dicho. El Consell Rector –concretamente, su presidente, Miquel Francés– dio una respuesta el mismo día, en una reunión que mantuvo con el Comité de Empresa: el proceso que se dio a conocer hace más de un año y que los sindicatos quieren anular a favor de un concurso de méritos (o una consolidación de plazas) sigue adelante.
En el encuentro, según fuentes consultadas por Valencia Plaza, el órgano de dirección que tiene que poner a punto las pruebas selectivas se reafirmó en el modelo de concurso-oposición y se comprometió a que los exámenes se realicen a lo largo de este año (en principio, la idea es que se celebren de cara al último trimestre).
La gran mayoría de los sindicatos del Comité de Empresa defienden que las convocatorias podrían haber caducado y que, por tanto, se cumplirían las condiciones para provocar la anulación de las oposiciones y un nuevo proceso dirigido principalmente a consolidar las plazas de las personas que se han ido incorporando de manera interina a lo largo de un lustro.
UGT ya pidió la anulación de la OPE de consolidación derivada de la Ley Iceta, que afectaba solo a seis trabajadores en vez de los 50 que calculaban desde el sindicato. El pasado viernes, el mismo sindicato anunció una demanda para reclamar "la nulidad de las convocatorias de oposición y la fijación en el puesto de trabajo" que ocupan los empleados. Algo que afectaría tanto a las convocatorias de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (la sociedad donde se incluye el grueso de la plantilla de À Punt) como a las de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que aún no se hayan realizado. Otros sindicatos comparten el diagnóstico.
Quien no lo hace es el propio ente. El Consell Rector entiende que las convocatorias no tienen (ni deben tener) marcha atrás, y que los retrasos (se esperaba que las pruebas se realizaran a lo largo de 2023) no son aún suficientes para dar por caducadas las convocatorias. La oferta pública de empleo publicada contemplaba 143 puestos de periodista y periodista ENG (modalidad en la que se requiere el uso de la cámara), 43 operadores de cámara, cuatro iluminadores y cuatro meteorólogos. Entre las causas posibles de este retraso, incluso se baraja la falta de espacio para hacer los exámenes, o la dificultad para encontrar a personas que formen el tribunal, tal como expresó al director general de À Punt, Alfred Costa, en una entrevista con este periódico.
Por otra parte, las elecciones europeas y la temperatura política exige una dedicación que la plantilla, que también se tendrá que preparar para la prueba, tendrá complicado equilibrar, por lo que el final del año se ha estimado mejor que el primer semestre.
La Unió de Periodistes aplaude la ratificación del proceso y pide que para "que se acabe con la especulación, la plantilla esté tranquila y todo el mundo pueda prepararse el examen", la fecha definitiva se sepa cuanto antes. "Cada mes que pasa, los méritos que se suman hacen la situación más desigual. Se debe solucionar ya una situación que debería estar resuelta casi desde la creación del ente", explica a este diario Vicent Marco, que lamenta que "UGT haya sido irresponsable dando falsas expectativas a la plantilla con promesas que no son justificables legalmente".
La cosa, sin embargo, no parece tan sencilla para los actuales legisladores, que son el PP y Vox desde el Consell y Les Corts. El cambio de la norma que rige la radiotelevisión valenciana se encuentra encima de la mesa. De acuerdo con las fuentes consultadas, en los planes de la derecha entra abordarlo ya salvo algún imprevisto. Y ya es ya. Lo deseable sería sacarlo adelante en el actual periodo de sesiones –que abarca hasta verano–, aunque las intenciones son unas y los tiempos y los problemas que puedan surgir otros.
En cualquier caso, los populares quieren cambiar cuanto antes lo que ven como un desastre heredado del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) en cuestión de embrollo jurídico, de funcionamiento, de gestión del ente y de situación económica. Presidencia de la Generalitat dejó claro que garantizaría el presupuesto de À Punt e incluso se comprometió con el famoso IVA. Aunque acompañó el compromiso de reproches. Y el primero fue el de las bajas audiencias.
El PP sabe que no puede entrar como elefante en cacharrería a 'meter mano' en la radiotelevisión pública porque se interpretaría como una injerencia y le perjudicaría a nivel de imagen y mensaje. Máxime con unos antecedentes inolvidables de cierre de Canal 9. Pero sí entiende que la gestión de À Punt implica cambios sustanciales que llevan arrastrándose años. Y los hará aunque le acabe comportando críticas.
La modificación de la ley habrá de abordarse desde Les Corts, seguramente en la comisión que existe sobre la radiotelevisión. Y si se hace en los próximos meses, y aquí viene el lío, podría chocar de lleno con las oposiciones. En el caso de que la convocatoria se apruebe y pase por todos los trámites –incluyendo la luz verde de las direcciones generales de Función Pública y Presupuestos, dentro de la Conselleria de Hacienda–, se daría la circunstancia de que sería de manera paralela a ese proceso de cambio de la norma.
La visión del Consell Rector es que la citada modificación legislativa y las oposiciones son compatibles porque el ente que quede con la nueva norma –podría ser un ente público– podrá asumir a los trabajadores que se hayan sacado la plaza sin mayor dificultad. Sin embargo, no todos lo comparten. Y hay quien ve inapropiado que se esté aprobando una convocatoria mientras se modifica una norma que podría cambiar por completo la configuración de la radiotelevisión. Por ejemplo, se preguntan qué ocurriría si los trabajadores tuvieran que optar a puestos de una Societat Anònima de Mitjans de Comunicació disuelta. Cómo se resuelve todo este enredo se comprobará en próximos capítulos.
