Arantxa Sánchez Vicario evitará la prisión tras alcanzar un acuerdo con las acusaciones

VALÈNCIA. La extenista Arantxa Sánchez Vicario no entrará en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular del Banco de Luxemburgo por el que, como máximo, será condenada a dos años por urdir un plan junto a su exmarido Josep Santacana para evitar el pago de una deuda.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rebajado de cuatro a dos años la petición de pena para la exdeportista en la cuarta sesión del juicio celebrada este viernes en el Juzgado Penal 25 de Barcelona, durante el trámite de conclusiones, tras la declaración de Santacana y el resto de acusados pendientes.

El letrado de la defensa de Sánchez Vicario ha aceptado la pena de dos años que le solicitan las dos acusaciones y ha pedido la suspensión del ingreso en prisión en caso de que finalmente sea condenada, algo a lo que la Fiscalía y el banco no se han opuesto.

El ministerio público y el letrado de la entidad han aceptado las atenuantes de confesión y de reparación del daño, puesto que la acusada ha abonado casi dos millones para sufragar la deuda, destina el 50 % de sus ingresos a dicho pago y el banco tiene un poder que le faculta a averiguar sus bienes.

"Arantxa Sánchez Vicario ha reconocido los hechos y ha colaborado en la investigación de los mismos", ha destacado la fiscalía, que también ha pedido -igual que el banco- que se imponga a la acusada una multa de 15 meses a 12 euros diarios, lo que suma un total de 5.400 euros.

La conformidad entre las partes evita que la extenista ingrese en la cárcel, al tratarse de una pena igual o inferior a dos años, por la que cabe posibilidad de pedir su suspensión, solicitada por la extenista y aceptada por el banco y el ministerio público.

En cuanto a las penas impuestas a Santacana, el ministerio público y la defensa del banco le han mantenido los cuatro años de prisión por supuesto alzamiento de bienes.

SANTACANA CARGA A SÁNCHEZ VICARIO LA RESPONSABILIDAD DE LA VENTA DE INMUEBLES

La sesión ha comenzado con la declaración de Josep Santacana, quien ha contestado únicamente a preguntas de la fiscalía y de su letrado y que ha cargado la responsabilidad principal de la venta de inmuebles del patrimonio a la propia Sánchez Vicario.

Preguntado por varias operaciones de venta, el acusado ha afirmado que su intervención fue nula o muy puntual y ha añadido que las desinversiones se las recomendó el abogado de la familia, Bonvanetura Castellanos, quien supuestamente le dijo que le servirían para tener liquidez para el día a día y para pagar la deuda.

Además, Santacana ha asegurado que operar a través de sociedades y personas de confianza "era habitual con anterioridad al 2010 dentro del entramado societario de Arantxa", cuando eran los padres quienes lo gestionaban con el asesoramiento de Castellanos.

En cuanto a cobros de cheques al portador, ha asegurado que era Arantxa quien los hacía para pagar gastos del día a día, así como "al personal doméstico de la casa, que hacía 15 años que trabajaban y cobraban de esta forma".

Sobre el control que tenía Sánchez Vicario de su patrimonio, Santacana ha afirmado que "después de nacer nuestra primera hija, que fue en febrero de 2009, ella decidió que quería saber más sobre sus cosas" y que no estaba cómoda de cómo se las llevaban porque le decían "medias verdades".

Para ejemplificar que su entorno le ocultaba cosas, ha asegurado que cuando llegaban a casa de los padres (de Arantxa) éstos escondían planos y papeles que estaban analizando "y no sabíamos por qué".

Ha afirmado asimismo que en una reunión posterior con Castellanos la extenista descubrió que no había dinero en las cuentas.

El acusado también ha justificado la venta de inmuebles por el elevado coste que generaba el patrimonio, de entre 50.000 y 60.000 euros mensuales, entre hipotecas y gastos.

Santacana ha asegurado asimismo que la voluntad de Sánchez Vicario era pagar la deuda "desde el primer minuto".