Rafael Climent. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La constitución de la empresa pública Societat Fira València se bloquea de nuevo. La propuesta de acuerdo de la Conselleria de Economía, que mantiene a Unión Gremial en el consejo de administración de la nueva mercantil en contra de lo acordado con Hacienda, la CEV y el Consejo de Cámaras, no va a ser ratificada por la Conselleria de Hacienda, por lo que no llegará al pleno del Consell de este viernes. La consecuencia será el enésimo retraso en la creación de Fira València, pendiente desde diciembre, y una nueva crisis entre el PSPV y Compromís con los empresarios como protagonistas secundarios de una situación en la que nadie quiere ser señalado como el culpable.
Para que el Consell apruebe este viernes el acuerdo de constitución de Fira Valencia se necesitan las firmas de los consellers de Economía, Rafael Climent, y el de Hacienda, Arcadi España. El conseller de Compromís lo rubricó este lunes, pero su homólogo del PSPV no piensa hacerlo porque el consejo de administración previsto en la propuesta de estatutos le reconoce un puesto de vocal a Unión Gremial, algo a lo que se oponen frontalmente tanto la patronal autonómica CEV como el Consejo de Cámaras.
De hecho, el socialista Arcadi España no piensa poner su firma ni en esa ni en ninguna otra propuesta de Economía que no cuente con el visto bueno de los presidentes de la CEV y el Consejo de Cámaras. "Es nuestra línea roja", aclaran fuentes de su departamento. Por ese motivo, después de que el conseller Climent se haya desmarcado de lo acordado en Lisboa con Hacienda y los empresarios, España se queda ahora al margen de la negociación y espera que que Climent rehaga su propuesta para satisfacer a los empresarios: "Daremos el visto bueno siempre que haya acuerdo entre las partes".
Como publicó Valencia Plaza, la propuesta de acuerdo que Climent quería llevar al pleno del Consell este viernes prevé una composición del consejo de administración de Fira València idéntica a la que en mayo provocó el rechazo explícito del Consejo de Cámaras y de la CEV, que amenazó con no nombrar a sus dos representantes en ese consejo de administración si no desaparecía del mismo el asiento reservado para la Unión Gremial.
Esta postura ha sorprendido a los presidentes de la CEV y el Consejo de Cámaras porque no respeta el pacto que los presidentes de las dos organizaciones empresariales alcanzaron directamente con Rafael Climent y Arcadi España hace ahora un mes en Lisboa.
En ese momento, las partes acordaron cambiar el reparto de asientos en el consejo de administración de Fira València para sacar a Unión Gremial pero permitirle una presencia indirecta como representante del Consejo de Cámaras de la Comunitat a pesar de no formar parte del mismo.
Mediante ese acuerdo, el vocal que Natxo Costa, subsecretario de la Conselleria de Economía, había reservado a la Unión Gremial por ser entidad fundadora de Feria Muestrario Internacional sería para la entidad cameral, que pasaría de dos a tres consejeros, mientras que la CEV tendría dos consejeros como en la propuesta original de estatutos, pero uno de ellos sería para el Colegio de Agentes Comerciales, que también ha reclamado tener presencia en el nuevo consejo por compartir con Unión Gremial la condición de fundador de la actual Feria.
Para tratar de reconducir la situación, el conseller Rafael Climent llamó este martes al presidente de la CEV para proponerle ampliar el consejo de administración de dieciséis a veintiún vocalías, de manera que la Unión Gremial tendría un puesto de vocal nato pero la CEV y el Consejo de Cámaras tendrían cuatro representantes cada uno en lugar de dos.
Sin embargo, tras recabar la opinión de sus asociaciones, y en particular la de la asociación del pequeño comercio Confecomerç, Salvador Navarro le respondió que la patronal autonómica se mantiene en lo pactado en Lisboa. Esto es, tres vocales para el Consejo de Cámaras y dos para la CEV.
Con todo, a pesar de que la CEV opina que un consejo de con veintiún vocales y mayoría de la administración sería ingobernable, ampliarlo es decisión exclusiva del Consell. Por tanto, esta podría ser una salida airosa para todas las partes en conflicto porque, si además de a Unión Gremial se incluye a Confecomerç en ese consejo de administración ampliado, la CEV podría abandonar la oposición explícita que mantiene ahora. En ese caso, el conseller de Hacienda tampoco podría reparos.
Ahora bien, esta solución es técnicamente más compleja e implicaría más tiempo, por lo que el nacimiento de la nueva empresa pública se iría probablemente a después del verano. Para empezar, habría que rehacer los estatutos para explicitar el nuevo reparto de vocales.
Con esta ampliación en cinco consejeros, la Generalitat pasaría de nueve a once vocales para mantener la necesaria mayoría al tratarse de una mercantil pública y daría entrada a las conselleries de Educación y Agricultura.
Los otros tres serían en principio para el Colegio de Agentes Comerciales, la CEV y Cámara València, de forma que las dos últimas pasarían de dos a tres representantes y tendrían una representación sobre la Unión Gremial proporcionalmente mayor que en la propuesta original.
Pero para poder constituir la mercantil pública con veintiún vocales sería necesario modificar previamente la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público de la Generalitat, donde se limita a dieciséis el número de consejeros de las mercantiles públicas.
