Así desmontan los expertos valencianos la fórmula de Montero para ajustar la población

VALÈNCIA. Basar la financiación de las CCAA en su población es un buen punto de partida para la Comunitat Valenciana, pero acabar con la infrafinanciación que padece actualmente dependerá de cómo se calcule esa población, de la calidad de ese cálculo. Es lo que en el modelo se conoce como población ajustada, que además del número total de habitantes tiene en cuenta variables demográficas y geográficas para tratar de alinear el reparto de recursos con las necesidades de gasto reales de cada comunidad en función de sus particularidades. Lograr esa correlación depende de cómo se ajuste esa población y de si el cálculo se asienta más en criterios técnicos o políticos.

Desde ese punto de vista, los expertos de la Comunitat Valenciana que han analizado la propuesta del Ministerio de Hacienda para calcular la población a financiar consideran que es mejorable desde el punto de vista técnico. Así lo reflejan en su informe de alegaciones a la propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero, donde concluyen que la metodología planteada por el Ministerio no garantiza la solución a la infrafinanciación valenciana precisamente porque incluye "deficiencias técnicas importantes".

¿Y cuáles son esos criterios? Básicamente los basados en variables geográficas como la dispersión o la orografía que irían encaminados a compensar a las regiones alineadas en el bloque popularmente conocido como el de la 'España Vaciada'. Los argumentos de los expertos de la Comunitat Valenciana al respecto coinciden en gran medida con las dudas manifestadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su primer análisis del borrador ministerial, del que Ángel de la Fuente criticó que incluyera elementos metidos "con calzador" para hacer un "traje a medida" de determinados territorios.

El informe de los expertos valencianos, presentado este miércoles a la Comisión Mixta Corts-Consell y a la Plataforma per un Finançament Just, incluye observaciones para "mejorar" la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda y una segunda parte con cuestiones "de fondo y más críticas" sobre las lagunas técnicas de una propuesta que, de imponerse en el modelo definitivo, darían como resultado unas diferencias de financiación por habitante entre las CCAA de régimen común muy parecidas a las actuales. "Estaríamos en este caso ante una nueva modalidad de preservar el statu quo, como ha sucedido en las sucesivas reformas", alertan los expertos.

La propuesta del Ministerio de Hacienda aumenta el peso del gasto sanitario y educativo en la asignación de recursos a las CCAA. En concreto, hasta siete puntos –del 38% actual al 40-45%– el peso del gasto sanitario como elemento de reparto, y casi diez puntos –del 25,5% al 25-30%– el peso del gasto educativo. Sin embargo, para los expertos valencianos, la fórmula del Ministerio para calcular la población ajustada "no constituye una alternativa bien fundamentada" para calcular las necesidades de gasto de cada territorio.

Una propuesta sin propuesta

Además de porque es "técnicamente poco satisfactoria" en cuanto al peso de las variables no poblacionales en la distribución de los recursos, realmente no se concreta una propuesta, sino que se plantean varias opciones "sin un adecuado fundamento técnico" que justifique los rangos propuestos. El resultado podría ser una reforma con criterios de reparto tan desiguales como en el actual. A ello se suma, además, la falta de concreción del Ministerio de Hacienda sobre el mantenimiento de los fondos del actual sistema que no se distribuyen en base a la población ajustada y que funcionan como transferencias horizontales entre CCAA, una cuestión clave para la Comunitat.

Una de las deficiencias detectadas por los expertos de la Comunitat Valenciana en el cálculo de las necesidades de gasto en función de la población es el uso de algunas bases de datos de dudosa "precisión y homogeneidad" porque no son públicas, como sucede con la estimación de del coste de servicios sanitarios, o que en el reparto para financiar servicios sociales solo se contemple a la población mayor de 65 años en lugar de a todos los habitantes que potencialmente pueden requerir servicios públicos autonómicos.

"En esas condiciones es arriesgado sustituir la población de derecho por otras variables poblacionales que, sin la transparencia y precisión necesarias, generan diferencias significativas de financiación por habitante entre las comunidades no justificadas", censuran los autores de las alegaciones de la Comunitat Valenciana a la propuesta.

Sanidad: dudosa calidad de las fuentes de datos

Sobre el cálculo concreto de las necesidades de gasto sanitario, la propuesta del Ministerio mantiene la metodología del sistema actual, que divide la población por tramos de edad y la pondera con unos coeficientes para intentar reflejar el coste real de atender sus necesidades sanitarias. Este concepto, conocido como Población Protegida Equivalente (PPE), se intenta afinar en la propuesta al incluir más tramos de edad quinquenales, algo que no se conseguiría porque la ampliación de 7 a 20 grupos de edad "no aporta diferencias significativas y hace el sistema más complejo".

En este caso, la debilidad que ponen de manifiesto los expertos valencianos es la calidad de las bases de datos utilizadas. En su opinión, la base de datos de tarjetas sanitarias del Sisitema Nacional de Salud tiene limitaciones que cuestionan su utilización como indicador de los usuarios potenciales del servicio.

Para argumentarlo, recuerdan que son las CCAA las encargadas de la depuración y actualización de la base de datos y no existen garantías de que todas sigan criterios homogéneos para hacerlo. A ello se suma, además, la existencia de diferencias entre la distribución regional de la población protegida y la población de derecho "difícilmente justificables". Por ejemplo, en Cataluña, la Comunitat Valenciana y Canarias, el peso de la población no protegida es mucho más elevado en comparación con su peso demográfico, todo lo contrario que en la Comunidad de Madrid, donde la participación de la población no protegida es tres veces menor que su peso en la población de derecho.

Por ello, y mientras no se pueda garantizar la precisión de los datos, los expertos de la Comunitat proponen utilizar como indicador de las necesidades de gasto sanitario de las CCAA su población empadronada, ponderada por los índices de gasto medio per cápita de cada tramo de edad, como ya hicieron en su informe de 2017.

Contemplar el coste de la educación superior no universitaria

Más abierta aún que la propuesta del Ministerio para estimar el gasto sanitario quedó la metodología para calcular las necesidades de gasto en educación, ya que en este caso se les planteó a las CCAA tres posibles alternativas. La opción preferente del Ministerio de Hacienda se basa en variables poblacionales: de 0 a 17 años para la educación no universitaria (que pesaría entre el 75 y el 80% en el cálculo) y de 18 a 24 años para la educación universitaria, que pesaría entre un 20 y un 25%.

Pues bien, en este caso no se cuestiona la inclusión de la totalidad de la población de 0 a 17 años, pero para el otro tramo etario consideran pertinente incluir en el cálculo la educación superior (Bachillerato, FP, Idiomas, Artísticas, Deportivas) dado el importante volumen de gasto que representa en los presupuestos autonómicos.

Como mejora de la propuesta ministerial, apuntan los expertos de la Comunitat que los jóvenes de 18 a 24 años deberían incluirse de forma ponderada por las respectivas tasas netas de escolarización de cada edad en los niveles educativos no obligatorios para el conjunto de las CCAA.

Los menores de 65 también consumen servicios sociales

En cuanto a los servicios sociales, las observaciones valencianas se centran en corregir las limitaciones de la propuesta del Gobierno, que solo tienen en cuenta en las necesidades de gasto en protección social a las personas mayores de 65, divididas en dos tramos. Obvia, por tanto, otros gastos en servicios sociales dirigidos menores de 65 años para los que las CCAA también deberían recibir recursos del sistema.

La propuesta de cálculo, que tiene en cuenta la población dependiente mayor de 65 años y el número de parados no beneficiarios de prestaciones contributivas, podría afinarse con la mencionada inclusión de cuatro grandes grupos de edad (0-30 años, 31-64, 65-79 y 80 o más) de población dependiente, ponderada aplicando los porcentajes de dependencia en cada tramo de edad del total nacional. "La incorporación de los dependientes con menos de 65 años aproximará con mayor exactitud las necesidades sociales vinculadas a la dependencia", concluyen los expertos valencianos.

Además, cuestionan que no se tenga en cuenta en el cálculo a otros colectivos de gran relevancia en el ámbito de la protección social como las personas con diversidad funcional. Al respecto, los expertos de la Comunitat proponen utilizar la población potencialmente dependiente para estimar las necesidades vinculadas a la discapacidad, ya que la mayoría de las ayudas directas para población con diversidad funcional requieren de un elevado grado de discapacidad reconocida.

Por lo que se refiere a la cobertura de las necesidades autonómicas vinculadas a pobreza e inclusión, el informe es tajante al considerar "no aceptable" que el peso de esa variable pueda situarse entre el 10% y el 20%, cuando la realidad es que su peso en la Comunitat Valenciana ya alcanzaba el 24% en 2017.

Censura total a los factores geográficos y de costes fijos

En cuanto a las variables correctivas, geográficas o de otro tipo como la encaminada a compensar los costes fijos solo a las siete CCAA más pequeñas, los expertos valencianos detectan un gran defecto de partida: que no se demuestra técnicamente que variables como la orografía o la dispersión influyan sobre las necesidades de gasto, aunque sí sobre el gasto en el que incurren las comunidades, obviando que este puede ser mayor en el caso de que reciban menos ingresos.

Por ese motivo, rechazan de plano que variables geográficas o los costes fijos se tengan en cuenta para calcular las necesidades de gasto de las CCAA porque el Ministerio "no ofrece justificación alguna" para ello. El reparto de los recursos debería asentarse, a su juicio, en "variables poblacionales comprensibles por su simplicidad y transparencia en su cálculo, y que no sean manipulables".

Al respecto, Fedea también fue muy crítica al tildar de "peculiar" una corrección por costes fijos de la que solo se beneficiarían las siete comunidades más pequeñas como si el resto no tuvieran costes fijos que compensarse. El Comité de Expertos para la reforma de la financiación en 2017 propuso esa variable, pero aplicada de forma gradual para todas las CCAA en función de su tamaño y, por lo tanto, de su mayor o menor potencial para beneficiarse de economías de escala.

"La justificación de la inclusión de costes fijos no resulta convincente porque adolece de debilidades técnicas relevantes" y contiene errores "que cuestionan abiertamente sus conclusiones que intentan demostrar, censuran los expertos valencianos.