Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación que interpuso la Generalitat Valenciana contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que anuló el cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat que aprobó la administración valenciana en mayo de 2019. Por tanto, mantiene la suspensión de la rebaja de los precios que fijó el gobierno valenciano.
El TSJCV tumbó las tarifas del Consell al considerar que su finalidad fue "eludir el cumplimiento" de una sentencia de 2017 que obligaba a subir las tarifas. Asimismo, señalaban en su auto que los precios aprobados por el Consell que preside Ximo Puig son "prácticamente idénticos a los anulados".
La Generalitat presentó entonces un recurso de casación contra esta decisión argumentando que sus tarifas "se ajustan a las premisas de la sentencia" y defendiendo que no se acredita, como consideraban los magistrados, que esa rebaja "se haya dictado para eludir el cumplimiento de la sentencia". No obstante, el Alto Tribunal desestima este recurso.
Los nuevos precios que había fijado la Generalitat implicaban un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina, que se encarecía en algo más de 2 euros, frente a la bajada de casi 4 euros para los diésel.
El conflicto se remonta a 2014 cuando el ejecutivo autonómico, liderado entonces por el 'popular' Alberto Fabra, modificó las tarifas vigentes entonces, aprobadas en 2009, rebajando sustancialmente las cuantías de emisiones de gases contaminantes y ruido. Así, por ejemplo en este último caso se pasaba de 9,3 euros la primera inspección a 2,48 en 2014, mientras que la segunda o sucesiva bajaba de 6,48 euros a 1,86 en 2014.
La empresa Applus Iteuve recurrió esta rebaja ante el TSJCV que estimó parcialmente su recurso y anuló la bajada de las tarifas de emisiones y ruido aprobadas por el Consell en 2014 por falta de un informe económico que justificase el cambio obligando, por tanto, a volver restituir los precios de 2009.
Un año más tarde, el Tribunal Supremo confirmó este fallo, pero, sin embargo, la modificación de los precios no se produjo. Fue en mayo de 2019 cuando el Consell de Ximo Puig, obligado por esta decisión judicial, aprobó un nuevo cuadro tarifario que seguía sin cumplir con lo exigido por el TSJCV, que anulaba estas tarifas al considerar que su "propósito era el incumplimiento de los criterios de la sentencia de 2017" y son "prácticamente idénticas a las anuladas". La Generalitat recurrió, pero ahora el Supremo ratifica este fallo.
