Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el concejal de Obras y Proyectos Urbanos, Rafa Simó, han mantenido este miércoles en València una reunión de trabajo con responsables de la Generalitat para acabar de perfilar el acuerdo de recuperación del edificio de la plaza Juez Borrull y "ponerlo cuanto antes al servicio de la ciudadanía".
Según la munícipe socialista, "ha sido un encuentro muy satisfactorio", en el que se ha avanzado para que el proyecto para la rehabilitación del emblemático inmueble pueda iniciarse a lo largo del 2020.
"Hemos avanzado mucho y ahora solo quedan flecos de carácter técnico y jurídico que acabarán de cerrar en los próximos días los técnicos de ambas administraciones", ha detallado Marco sin aclarar cuál será finalmente la figura legal del convenio que permitirá al consistorio disponer del edificio, propiedad de la Generalitat.
"Hemos dado ese impulso final para poner en marcha un proyecto que pondrá al servicio de la ciudadanía un emblemático inmueble sin uso desde el año 2004”, ha apuntado la alcaldesa.
Ayuntamiento y Consell coinciden en la relevancia del proyecto, que recuperará un inmueble singular para convertirlo en un gran espacio para la gestión de los servicios públicos ligados al bienestar ciudadano.
En la reunión con el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Andreu Ferrer; la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Mako Mira; la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Isa Castelló; y el director territorial de Presidencia de la Generalitat en Castelló, Adolf Sanmartín, al margen del proyecto de Borrull, también se ha avanzado en la comisión de patrimonio.
En este sentido, la alcaldesa de Castelló ha asegurado que "se ha llegado a un preacuerdo para constituir una comisión bilateral de patrimonio de la ciudad de Castelló, entre el Ayuntamiento y la Generalitat, para que el patrimonio público esté al servicio de los ciudadanos y ciudadanas". En un futuro se estudiaría la posibilidad de abrir esta comisión de patrimonio a otras administraciones, como la Diputación y el Gobierno central.
