Borrar el pasado

Me quedo con esta frase del president Puig en el debate de política general y que, aunque iba dirigida a la bancada del Partido Popular, creo que sirve para que todos los partidos políticos echemos la mirada atrás y reflexionemos. Reflexionar para corregir los errores del pasado y para que no vuelvan a producirse en un futuro, aunque los números, las cifras, los datos y la hemeroteca están encima del tapete y nos muestran que parece una tarea difícil, por no decir imposible.

Más allá de subir o bajar impuestos y de usar la herramienta fiscal en clave electoral, deberíamos ser capaces de poder evaluar todas las políticas públicas que se implementan, así como la utilidad de éstas, cuando además se utiliza el dinero de todos los valencianos. Nuestra Comunitat es la peor Comunidad Autónoma financiada por un Sistema de Financiación Autonómico que viene recogido en la LOFCA, esa ley que debe asegurar un reparto justo y equitativo de los recursos de las autonomías y que no está cumpliendo su función desde el año 2014, cuando debía haber sido actualizada.

Soy de las personas que piensan que esa falta de financiación hacia nosotros por parte del gobierno central no debe recaer en los contribuyentes valencianos. Pero es así como lo practica el Consell del Botànic con su presión fiscal: con unos impuestos que son los más altos de España, con el único argumento de que los servicios públicos fundamentales que recibimos estarían en peligro. En otras palabras: con unos impuestos adecuados y justos nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales sufrirían recortes, y por ello hay que subir impuestos.  Y esa es la demagogia de la izquierda que se nos vende y que muchos compran sin más.

El incremento en la recaudación por los impuestos que soportamos no se encuentra en los tramos más altos de la tabla. En el 2020, según la Agencia Tributaria, 8.887 valencianos declaraban rentas superiores a 150.000 euros; curiosamente en el 2019 fueron 9.306. Son el 0,6% de declarantes frente al 99,4% restante. Y es ahí, en los 1.427.754 de valencianos donde recae el grueso de recaudación de la Comunitat. En los ocho primeros meses de 2022, se han recaudado por el efecto de la inflación 700 millones de euros más que en el 2021 por el IRPF. Es más que justo y necesario que ese importe vuelva en parte a los bolsillos de los valencianos deflactando el IRPF en este 2022. Esta deflactación mantendría una estructura fiscal igual a la que había antes de la inflación descontrolada que padecemos desde 2021. Sencillamente no estaríamos bajando impuestos, pero sí estaríamos adaptándonos a un nuevo escenario. Y en caso de no deflactar significaría una subida de impuestos encubierta.

Para llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad, lo primero que debería acometerse es la reforma del Sistema de Financiación Autonómico. El president también dijo el martes que él tenía difícil poder convencer al resto de su partido, a nivel nacional, para lograr un acuerdo en la materia. También le espetó al PP valenciano que para ellos sería misión imposible. Pero lo cierto es que en la práctica ni al PSPV, ni a Compromís y ni a Unidas Podemos les interesa que el Sistema de Financiación Autonómico se actualice ni se arregle, ni cuando estaban en la oposición ni cuando llevan 8 años gobernando aquí. No sea que se les acabe el cuento de la lechera. Y así poder disfrazar una inadecuada gestión de los recursos disponibles.

Basta con mirar al 2015 cuando el sector público instrumental de esta Comunitat tenía 43 entidades con un coste de 2.039 millones de euros. Pues bien, el año 2022 cerrará con 53 entidades, 10 más que el 2015, y este Consell, con promesas de no despilfarros, se habrá gastado 4.615 millones extra todos estos años en nuevos chiringuitos. Dinero que podría haber ido directamente a sanidad, educación o políticas sociales, o a las inversiones que se han dejado de acometer por un total de 3.575 millones de euros en estos 8 años.

No todo lo pasado se puede borrar de un plumazo.