Borriana instala el primer punto de recarga municipal de vehículos eléctricos 

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Borriana está instalando el primer punto de recarga semirrápida de titularidad municipal para vehículos eléctricos, que inicialmente será gratuito para la ciudadanía y estará ubicado en la plaça de la Fira, según ha adelantado el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Bruno Arnandis.

Esta iniciativa municipal, ha explicado, tiene un coste de 14.525 euros y está subvencionada al 80 por ciento, es decir con 11.620 euros, por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Arnandis ha indicado que la evolución hacia una movilidad sostenible es "uno de los ejes prioritarios del equipo de gobierno" y eso incluye el fomento de la movilidad eléctrica. Además considera que esta infraestructura de recarga inteligente e interoperable, ayudará a “mejorar la economía local y fomentar el turismo, poniendo a Burriana en el mapa de los conductores de vehículos eléctricos”.

En ese sentido, ha señalado Arnandis, al ser un punto de recarga instalado en la vía pública, será posible su utilización por parte de cualquier ciudadano o ciudadana libremente. Además, este primer punto de recarga municipal semirrápida de hasta 22 kilovatios, permitirá recargar un coche en dos horas (con una hora se pueden recorrer 50 km.) y se podrán cargar dos vehículos al mismo tiempo.

Pago telemático o mediante TPV

Respecto a las características de la infraestructura de recarga, el regidor  de Sostenibilidad Medioambiental ha concretado que dispondrá de un sistema de pago integrado físico (TPV) o telemático incorporado en la gestión de usuarios, que se podrá desbloquear por cualquier persona usuaria de vehículo eléctrico, sin intervención de terceras personas y sin necesidad de estar dado de alta previamente en ningún servicio, “aunque inicialmente estará desactivado”.

En el reto hacia la movilidad sostenible, ha matizado, el gobierno local debe sentar las bases para que el territorio “dé respaldo y cobertura a las necesidades que pueda plantear la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad” y, al mismo tiempo, ha argumentado que la ciudadanía “tiene que comprometerse con las nuevas alternativas que la tecnología ofrece al transporte urbano y a su impacto en la salud de las personas y en el cambio climático.