CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Borriana y la Cooperativa Agrícola Sant Josep, que durante la jornada del lunes estuvieron presentes en el acto que tuvo lugar en València para anunciar la manifestación convocada por la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, según ha anunciado el consistorio en un comunicado. La manifestación tendrá lugar el próximo domingo y ya se han sumado más de cien ciudades y municipios.
Tal y como han explicado tanto la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, como los representantes de la Cooperativa Agrícola Sant Josep “mantenemos nuestro compromiso directo con las reivindicaciones que desde hace meses los agricultores han sacado a la calle en forma de concentraciones y manifestaciones, así que el próximo domingo volveremos a estar en Valencia apoyando la dignificación del sector”.
Y para ello, tal y como ya se hizo con las diferentes manifestaciones comarcales del pasado mes, de nuevo Borriana pondrá a disposición de la ciudadanía la posibilidad de acudir a la manifestación a través del autobús que se fletará y para el que ya se pueden realizar las inscripciones.
Así, tanto en el Ayuntamiento de Borriana como en la propia Cooperativa de Sant Josep o el Sindicato de Riegos ya se han habilitado los listados en los que se pueden inscribir los vecinos y vecinas de Borriana para reservar su plaza en el autobús que partirá a primera hora de la mañana hacia València, ya que el horario oficial de inicio de la manifestación son las once de la mañana.
La movilización partirá de la misma Estació del Nord de València a esa hora, para recorrer las principales calles del centro de la ciudad y desembocar en la puerta de la Delegación de Gobierno dónde se cerrará el acto con la lectura del manifiesto preparado para la ocasión.
Además, en los mismos puntos de inscripción para participar en la manifestación, también se han habilitado las hojas de firmas de la campaña también presentada este lunes, y a través de las cuáles cualquier ciudadano o ciudadana puede adherirse a las exigencias que se les trasladan a las autoridades con competencias en la gestión de la crisis citrícola para que se revisen los contratos y acuerdos que a nivel europeo han llevado al sector de la citricultura a uno de los momentos más críticos de las últimas décadas.
