CASTELLÓ. El pacto exprés de gobierno que acordaron la semana pasada el Partido Popular de la Cominitat Valenciana y Vox ha levantado una gran polvareda en torno a la violencia machista, tanto a nivel autonómico como nacional. La introducción del término "violencia intrafamiliar" en sustitición del concepto de violencia de género es uno de los puntos más polémicos del documento, del que dirigentes populares como Carlos Mazón o Alberto Núñez Feijóo han tratado de desmarcarse en los últimos días.
Una postura con la que se ha mostrado muy crítica la consellera en funciones de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en su visita este martes a la Oficina de Denuncias sobre Violencia de Género de Castelló ubicada en el Palacio de Justicia, donde ha hecho balance sobre los datos de asistencia y las denuncias de víctimas en esta sede, justo un año después de su apertura.
Preguntada por los medios de comunicación sobre las declaraciones de Feijóo en defensa del candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, que fue condenado por violencia verbal hacia su exmujer, Bravo ha asegurado que es "muy preocupante para todas las mujeres que una persona que aspira a presidir el gobierno de España justifique amenazas e insultos".
La titular de la cartera de Justicia, que probablemente asumirá el número dos de Vox por València José María Llanos, ha hecho hincapié en la importancia del uso del lenguaje en este ámbito: "No es inocuo", ha reiterado al mismo tiempo que ha cargado contra Feijóo por asegurar este lunes en una entrevista con la Cadena Ser que la violencia de género "es una obviedad".
"Para esta comunidad fue un día de gran tristeza cuando conocimos el acuerdo del PP con Vox; no se puede borrar la violencia de género y el PP no puede frivolizar como lo ha hecho el señor Mazón y el señor Sempere diciendo que no pasa nada; es un drama que se ha llevado la vida de más de 1.200 mujeres", ha sentenciado.
Ante la polémica sobre el uso del concepto de violencia de género, Bravo ha llegado a poner como ejemplo el discurso de "los nazis": "A los campos de exterminio les llamaban campos de concentración y al holocausto solución final; se llevó por delante a seis millones de judíos", ha dicho.
"Necesitamos políticas para seguir luchando y llamar a las cosas por su nombre; no pueden decir que da igual hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género porque no es lo mismo, porque a esas mujeres las matan, las maltratan y las amenazan por ser mujeres", ha determinado.
Por otro lado, la consellera ha desgranado las cifras de atención a víctimas y denuncias por violencia machista tramitadas en la oficina de Castelló y ha destacado que, desde la apertura del centro a finales de junio de 2022, los profesionales han atendido a 397 mujeres, de las cuales 199 han denunciado a su agresor. La consellera ha remarcado que las víctimas "ya no retiran las denuncias" dado "el acompañamiento que se les propicia", aunque ha alertado que el 75% de las denuncias tramitadas en la capital de la Plana son "de un riesgo medio, alto o incluso extremo".
En cuanto a las otras dos oficinas de las de València y Alicante, las cifras de mujeres atendidas ascienden a 3.286 y 413 respectivamente según los datos facilitados por esta conselleria, teniendo en cuenta que la primera se abrió en la capital del Turia en 2019. En total, la suma de asistencias en las dependencias de las tres provincias supera las 4.000 mujeres.
Otro de los aspectos por los que Bravo ha mostrado su preocupación es por el proyecto impulsado desde la Conselleria de Justicia "para que en la Comunitat Valenciana la violencia de género fuera conocida de forma exclusiva por juzgados especializados". En 2022 se crearon cinco juzgados de este tipo y la Generalitat solicitó al Gobierno la apertura de otros seis para 2023: "Eso sí está en peligro porque en la petición de creación de órganos judiciales tienen un gran protagonismo las comunidades autónomas", ha advertido la consellera en funciones.
Por otra parte, también ha explicado que los especialistas que trabajan en la oficina de Denuncias sobre Violencia de Género de Castelló le han trasladado su malestar por la posible desaparición de las sedes que ahora operan en las tres provincias tras el giro del tablero político en el 28M y la inminencia del 23J. "Esto es una competencia autonómica en coordinación con el Ministerio del Interior, por tanto, si finalmente el señor Feijóo llegara al Gobierno, todos estos recursos están en riesgo", ha vaticinado Bravo.