VALÈNCIA. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha reclamado de manera rotunda al Gobierno central una revisión de las competencias territoriales en Justicia. Durante un desayuno informativo celebrado este miércoles tras la presentación de los Presupuestos de la Generalitat de 2023, la dirigente ha pedido que las autonomías cuenten con más capacidad de decisión en dos asuntos fundamentales: la creación de órganos judiciales y su funcionamiento interno.
Bravo considera que el actual modelo está "obsoleto" porque se trata de un sistema "decimonónico". "Estamos gestionando una fábrica antigua, una empresa que, desde finales del siglo XIX, no se ha transformado", ha ejemplificado. Una situación que, ha añadido, "nos lleva a que la inversión pública se convierta en una desinversión".
La consellera de Justicia ha expuesto cómo las cuentas de su departamento han aumentado en un 10,73% para el próximo año. En este sentido, ha remarcado que se ha multiplicado por dos el Presupuesto desde 2015, de 242 millones a casi 500 para 2023, y que se ha incrementado en más de un 50% el capítulo de personal. Sin embargo, ha admitido, el nivel de satisfacción de los operadores jurídicos y la ciudadanía "es muy bajo" y "todo el mundo se sigue quejando".
"La conclusión a la que llegamos es que necesitamos tener más voz en la definición del modelo, un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la organización interna y territorial", ha señalado. Por ejemplo, a la hora de determinar los órganos judiciales que cada año se tienen que crear.
"Somos las autonomías las que conocemos los problemas del día a día y las que tenemos que financiar esos órganos judiciales. Somos las que, además, afrontamos el gasto en medios materiales y personal y las tenemos que cubrir todos los déficits derivados de un modelo de justicia obsoleto. La inversión no está garantizando la eficacia ni mejorando la situación", ha comentado.
Bravo ha hecho hincapié en que desde 2015 hasta 2023 en la Comunitat Valenciana se ha reducido el número de asuntos judiciales en casi 150.000, y a nivel nacional en 2 millones. "Es la que más invierte a nivel nacional en gasto por habitante, la que más órganos judiciales ha creado, la que más invierte en proyectos pioneros de atención a las víctimas, de eficiencia energética y, a pesar de ello, el resultado es muy bajo", ha apuntado.