Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. Este lunes tuvo lugar la jornada de constitución de Les Corts Valencianes en la que los diputados de la XI legislatura tomaron posesión y juraron el cargo. Un pleno en el que, además, se configuró la Mesa del Parlamento valenciano, con sorpresa incluida: el PP cedió los votos exactamente necesarios (18) a Compromís para que la coalición pudiera situar en este órgano rector a uno de sus parlamentarios.
La maniobra desconcertó a la bancada de los socialistas, que daban por garantizado que tendrían dos representantes socialistas. Sin embargo, los votos de populares y valencianistas hicieron que la vicepresidenta en funciones de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, fuera designada secretaria segunda de la Mesa y quedara fuera la aspirante del PSPV para el puesto, la todavía consellera de Innovación en funciones, Josefina Bueno.
Los cinco puestos en liza quedaron repartidos entre la presidenta de la Cámara, Llanos Massó (Vox); el vicepresidente primero, Alfredo Castelló (PP); la vicepresidenta segunda, Gabriela Bravo (por el PSPV, dado que es independiente y no posee carné del partido socialista); el secretario primero, Víctor Soler (PPCV) y Amigó (Compromís).
Ahora bien, la maniobra no solo causó malestar. También desazón en las filas socialistas porque el cargo más alto al que podía optar el partido en Les Corts recayera sobre una persona independiente. El hecho, además, de que Bravo tomara posesión como vicepresidenta del Parlamento sin haber renunciado antes al cargo de consellera de Justicia y Administración Pública también ha sido cuestionado tanto a la interna como en el seno del Consell por la incompatibilidad en la que estaría incurriendo.
La Ley del Consell establece en su artículo 30 que los consellers "están sometidos al régimen de incompatibilidades que el artículo 6 establece para el President de la Generalitat". El citado artículo determina que el cargo de president "es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de Diputado de Les Corts".
Un escenario por el que Bravo ahora mismo no podría ejercer de consellera de Justicia en funciones y, a su vez, de vicepresidenta segunda de la Cámara. La normativa, en este sentido, obliga al jefe del Consell, en este caso Ximo Puig, a cesar al conseller de turno que incurra en una incompatibilidad sobrevenida. Algo que, por el momento, no ha ocurrido a pesar de que ya han transcurrido varios días desde el nombramiento.
Los antecedentes que existen al respecto, además, ponen negro sobre blanco: en 2019, la entonces consellera socialista de Infraestructuras y Vivienda, María José Salvador, dimitió un día antes de ser elegida vicepresidenta primera de Les Corts. Una hemeroteca que harían complicada la continuidad de Bravo al frente de la conselleria en el corto plazo.
