Foto: EP/CONTACTO/HASHEM ZIMMOVALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha anunciado este viernes que desembolsará la semana que viene 50 millones de euros de la ayuda anual prevista de 82 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), al entender que la agencia ha dado pasos para esclarecer las acusaciones de Israel de que una decena de sus trabajadores participó en los ataques de Hamás el 7 de octubre.
"La Comisión ha evaluado su decisión de financiación de la UNRWA a la luz de las gravísimas acusaciones formuladas el 24 de enero, que implican a varios miembros de su personal en los atroces atentados del 7 de octubre. Ha tenido en cuenta las medidas adoptadas por la ONU y los compromisos que la Comisión exigió a la UNRWA", ha asegurado el Ejecutivo europeo en un comunicado.
Bruselas, que debía decidir sobre el pago del compromiso anual con la agencia de la ONU, ha señalado que la partida se desembolsará en varias tandas empezando por esta de 50 millones a la que le seguirán otras dos rondas, de 16 millones cada una. Estas asignaciones se liberarán tras constatar el cumplimiento de las condiciones que puso la Comisión Europea tras conocerse el escándalo.
Esto pasa por una investigación interna de la agencia que confirme que sus trabajadores no estuvieron implicados en los ataques y que se ponen en marcha controles para evitar estos riesgos en el futuro. También una auditoria interna dirigida por expertos externos designados por la UE para evaluar los mecanismos para evitar este tipo de incidentes, al tiempo que la propia UNRWA ha acordado reforzar su departamento de control interno y su funcionamiento.
Tras las acusaciones de Israel contra la agencia que llevaron a una quincena de países a congelar sus fondos, la UE aseguró que mantendría la financiación pero condicionó el pago de los futuros compromisos a las investigaciones que pusiera en marcha, dejando en el aire los 82 millones previstos para 2024.
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, había admitido que la contribución de las instituciones europeas resultaba "crítica" para el funcionamiento de la organización, asegurando que la agencia entraría en un déficit negativo desde marzo al señalar que necesita en torno a unos 60 millones al mes solo para afrontar los salarios de sus 30.000 empleados.
Igualmente alertó de que sería "miope" desmantelar la agencia, pues iría contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia para poner todos los medios para responder a la crisis humanitaria al suponer la UNRWA la principal plataforma humanitaria que da apoyo a otros operadores presentes en Gaza.
En paralelo al anuncio relativo a los fondos para la UNRWA, la Comisión Europea ha informado de que destinará 68 millones adicionales en ayuda humanitaria para apoyar a la población palestina en toda la región, que se ejecutarán a través de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Igualmente de los fondos humanitarios anuales previstos por Bruselas, que en el caso de Palestina ascienden a 125 millones en 2024, el Ejecutivo comunitario ha señalado que ha empezado a cerrar contratos por valor de 16 millones.
Todos estos anuncios de la Comisión Europea llegan tras la muerte de un centenar de civiles palestinos en un altercado con el Ejército israelí cuando iban a recibir alimentos a las afueras de Ciudad de Gaza.
Las autoridades gazatíes han denunciado un ataque perpetrado por Israel contra un grupo de personas que estaba esperando para recibir alimentos, mientras que el Ejército israelí ha afirmado por su lado que la mayoría de las víctimas fueron causadas por una estampida cuando abrieron fuego contra las personas que se concentraban para recibir alimentos y ayuda humanitaria de cerca de 30 camiones.
Respecto a la petición de Irlanda y España para evaluar el cumplimiento de Israel de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos enmarcados en el acuerdo de asociación con la UE, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha asegurado que hay un "procedimiento" en marcha pero ha evitado comentar los pormenores, recalcando que se informará de las acciones que se puedan tomar una vez se llegue a la conclusión del proceso interno.
España pidió al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que examinara la crisis en el plazo de un mes para poder discutir los próximos pasos a dar en la reunión de ministros de Exteriores de la UE.
