Irlanda también se posicionaba en contra
Bruselas veta la pesca de arrastre en zonas protegidas del Atlántico pese al rechazo de España
Foto: EUROPA PRESS
15/09/2022 -
BRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha aprobado este jueves cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas de protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental tras adoptar una norma a la que se oponían España e Irlanda, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
"Al cerrar el acceso a las artes de pesca de fondo al 17 por ciento del área entre 400 y 800 metros de profundidad en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, estamos cumpliendo nuestro compromiso de proteger y restaurar la vida marina", ha explicado el comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
La decisión implica prohibir el acceso a la pesca de arrastre a una superficie de 16.419 kilómetros cuadrados de reservas para la protección de ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros, lo que presenta el 1,16 por ciento de las aguas comunitarias en el Atlántico Nororiental.
El veto afecta a los buques equipados con artes de fondo como redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y almadrabas, según ha explicado el Ejecutivo comunitario y entrará en vigor veinte días tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
"Cuatro años más tarde finalmente estamos implementando una de las disposiciones clave del Reglamento de Acceso a Aguas Profundas", ha agregado Sinkevicius.
La Comisión Europea ha dado luz verde al reglamento de aguas profundas en el Atlántico Nororiental, después de haber sido sometido a votación el pasado junio en el Comité de Pesca y Acuicultura a través de un acto de implementación que no obtuvo la mayoría requerida para salir adelante, con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de varios países.
En este marco, la decisión quedó en manos de la Comisión Europea que ha dado luz verde a la regulación que protege a 57 ecosistemas vulnerables de aguas profundas del Atlántico Nororiental, donde habitan especies como corales o anémonas, una norma que ha suscitado el rechazo del sector pesquero.
