CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Burriana va a aprobar un Plan de Medidas Antifraude, y una Declaración Institucional que exige la Unión Europea a las administraciones que opten a gestionar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation. Lo hace con el objetivo de garantizar una correcta gestión y control eficaz del dinero público que pueda llegar de Europa para acometer nuevos proyectos.
Una propuesta que será debatida y aprobada este jueves en el pleno municipal pero sin el respaldo de los grupos políticos del PP y Vox, que se abstuvieron en la última comisión de Urbanismo, según ha indicado el concejal de Ordenación del Territorio, Actividades y Sostenibilidad Medioambiental, Bruno Arnandis.
Este plan, ha explicado, es un requisito para acceder a las ayudas Next Generation que tenemos concedidas, mientras que la Declaración Institucional supone un compromiso municipal para perseguir el fraude, “y abstenerse, a mi parecer, es torpedear estas ayudas y no estar de acuerdo con los principios de integridad, imparcialidad y honestidad”.
Al respecto, la alcaldesa, Maria Josep Safont, ha manifestado que la transparencia y la eficiencia en la gestión “son dos de los valores intrínsecos que rigen este equipo de gobierno” y, por ello, ha asegurado que el ejecutivo municipal se compromete a “la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea”, y a garantizar que el dinero público recibido “se invierta en mejorar las infraestructuras y servicios del municipio”.
Con el impulso y la aprobación de este Plan “optamos por una política de tolerancia cero con el fraude, mediante un sistema de control interno diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias”, ha afirmado la alcaldesa.
Para Bruno Arnandis, el objetivo es reforzar, dentro del ámbito de competencias municipales, la política antifraude y, por ello, el Ayuntamiento, a través de la propuesta del Plan, manifiesta “su compromiso con los estándares más elevados en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales” y también su adhesión a “los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, para que la actividad municipal sea percibida como opuesta al fraude y a la corrupción en cualquiera de sus formas”.
Con esta política, ha destacado Arnandis, el ejecutivo local pretende “consolidar una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección”, y para conseguirlo promueve el desarrollo de “procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos fraudes”. Un compromiso que asume y comparte el personal del Ayuntamiento, en su condición de empleados públicos.
Así, ha explicado el concejal, el consistorio pondrá en marcha medidas “eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia anterior y en la evaluación del riesgo”. Igualmente, ha continuado, “denunciará las irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de los canales internos de notificación y siempre en colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude”. Al respecto, ha precisado que todos los informes se tratarán “en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas en esta materia”.
Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución; y será de aplicación municipal a todos los órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de fondos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
Contiene los conceptos de aplicación del Plan Antifraude, la composición del Comité Antifraude y sus funciones, las medidas de prevención, un catálogo de las banderas rojas y buzón de denuncias, entre otras cuestiones.
Para garantizar un verdadero control, el Comité Antifraude estará formado por el ya existente en el Ayuntamiento y que se constituyó para actuar en todos los procedimientos financiados por la Unión Europea, en particular en los Fondos Feder, y que está compuesto por los siguientes miembros: presidente del Comité, el concejal delegado de Urbanismo, Actividades y Medio Ambiente; la secretaria general de la corporación; la interventora municipal y el jefe de la Sección IV del Ayuntamiento.
Respecto a los indicadores de aviso de que pudiera estar ocurriendo una actividad fraudulenta, el Plan del Ayuntamiento utilizará el catálogo de signos o marcadores de riesgo denominados ‘banderas rojas’, de búsqueda de indicios de fraude elaborado por la Comisión Europea. Además, el consistorio habilitará, a modo de buzón de denuncias, un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página web del Ayuntamiento.
