Café para Cataluña

A la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, hay que agradecerle que hable tan claro. Su intervención de nueve minutos, en catalán, en la sesión del Congreso el pasado miércoles para fijar la posición de su grupo en contra –luego se abstuvo– de los tres decretos-ley del Gobierno reúne todos los complejos del pujolismo que han derivado en lo que es ahora Junts, lo más rancio de la burguesía catalana con el mismo clasismo y xenofobia que exhibía en el siglo XX.

Se quejó Nogueras de que con estos reales decretos "se consolida el café para todos" y lanzó la siguiente frase al PSOE: "No parece que ustedes estén dispuestos a negociar mejoras para Cataluña sin tener que hacerlas siempre extensivas al resto de comunidades autónomas, obviando así la singularidad de Cataluña y también las necesidades específicas de Cataluña". Ahí está una de las claves de la permanente insatisfacción del nacionalismo catalán.

Jordi Pujol siempre quiso ser el primero de la clase, el primus inter pares autonómico. Aunque no lo verbalizara con la claridad de Nogueras, le molestaba que cualquier transferencia conseguida no sin esfuerzo se hiciera extensiva a quienes ni la habían pedido o, incluso, la rechazaban, como pasó con la transferencia 'forzosa' de Sanidad a todas las CCAA. No porque considerase que el resto no tenían derecho a ella, sino porque el café para todos dejaba de nuevo a Cataluña como una más. Cada uno tiene sus complejos. A los vascos también les molesta, aunque ellos al menos tienen un régimen fiscal propio que les diferencia del resto.

Pujol sí tuvo en lo personal –y en lo penal– ese tratamiento diferenciado cuando era presidente de la Generalitat, pero desde el punto de vista institucional, los gobiernos se han obcecado en que ningún territorio fuera diferente de otro –salvo País Vasco y Navarra en la parte fiscal–, cuando deberían haber estado más pendientes de asegurar la igualdad de trato en lo financiero o en las inversiones. "Todo lo que hemos pactado para Cataluña es perfectamente replicable para el resto de comunidades", se apresuró a aclarar la vicepresidenta Montero, como si quisiera amargarle la victoria a Nogueras.

A los nacionalistas catalanes y vascos hay que reconocerles que gran parte de lo que hoy es el Estado de las autonomías, tanto en competencias transferidas como en impuestos cedidos, se lo debemos a su empeño por descentralizar la administración. Ellos hacen el trabajo, aprietan a Gobierno central y a los grandes partidos, se baten en el Tribunal Constitucional y, cuando ganan, a los demás les caen las competencias del cielo. Ahí tenemos la llamada "cláusula Camps" introducida en el Estatuto valenciano de 2006, según la cual el Consell tiene obligación de reclamar "cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana". Es decir, pongo en el Estatuto las competencias que quiero, pero si otro consigue una transferencia que no se me había ocurrido, que me la den también. Culo veo, culo quiero.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue en la misma dinámica de ofrecer café para todos, algo que es lógico cuando hablamos de reparto de dinero pero no en el caso de las competencias. Pactó con ERC transferir Rodalies a Cataluña y, cinco minutos después, ofreció lo mismo a aquellas CCAA que tienen Cercanías y que ni se habían planteado pedir la gestión. Por cierto, ¿a qué comunidad transferirá la línea Alicante-Murcia?

"Si quieren nuestros votos, ha de ganar Cataluña", remató Nogueras, quien, por si quedaba alguna duda, puso de relieve su interés por el bien común: "Nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y al servicio del progreso de nuestro país; no están ni a su servicio ni al servicio del Reino". Una frase a la altura de aquel "me importa un comino la gobernabilidad de España" de su paisana Montse Bassa, de ERC.

Sobre el humillante –para Sánchez– mercadeo del miércoles, se ha puesto el foco en la transferencia de políticas de inmigración prometidas por el PSOE, que no lo ha ofrecido al resto de CCAA porque seguramente no piensa cumplir, y en las medidas para facilitar el regreso de las empresas catalanas que huyeron cuando el procés, trasladando su domicilio social a otras CCAA.

Respecto a esto último, el Gobierno valenciano se ha puesto en modo "mos volen furtar Caixabank", cuando sabemos que eso tampoco va a ocurrir porque Bruselas no lo permitiría. Y en cualquier caso, como ha dicho Vicente Boluda, "tenemos que acostumbrarnos a que hoy estés aquí y mañana puedas estar en París o en Bruselas o en Holanda". Mira Ferrovial. El propio presidente de AVE tiene domiciliado el grupo corporativo Boluda en Madrid, su patrimonial en Las Palmas de Gran Canaria y la matriz de su grupo de remolcadores –en alianza con MSC– en Luxemburgo. Y no por ello deja de considerarse al grupo Boluda una compañía valenciana, de la misma manera que a Caixabank todo el mundo la sigue teniendo por catalana aunque lleve siete años domiciliada en València. Es mejor tener el domicilio social que no tenerlo, como ya conté en esta columna, pero tampoco nos va sacar de pobres.

A lo que hay que estar vigilantes es al dinero, porque ahí el café sí que tiene que ser para todos. El Gobierno ha ampliado al resto de CCAA la subvención al transporte público pactada con Junts, pero no ha hecho lo mismo con otra de las cesiones de Sánchez que ha pasado inadvertida, la de quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia en Cataluña.

Es una pena que Cataluña ya tenga competencias en derecho civil propio, porque, de no tenerlas, habría bastado con que se las arrancara en un momento de estrés al Bolaños de turno para que los valencianos, en aplicación del café para todos, tuviéramos nuestro derecho civil sin necesidad de que José Ramón Chirivella y cía se desvivieran por ello.