Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha garantizado un nuevo contrato programa para el periodo 2025-2028 y que incluya "todas las mejoras necesarias para hacer de él un instrumento más útil y eficaz a favor de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana".
Así lo ha manifestado en la reunión del Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa (OCCI) de servicios sociales que ha tenido lugar este miércoles y donde se han expuesto los principales problemas detectados en la aplicación del contrato programa para estudiar soluciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Del mismo modo, Camarero ha subrayado la importancia de garantizar la "sostenibilidad de un modelo de cooperación interadministrativa alineado con la consecución del fin de mejorar la vida de las personas en situación de necesidad a través de los servicios sociales".
Entre otros asuntos, el encuentro del OCCI ha abordado la actualización en los módulos de la financiación de la atención primaria básica municipal y atención secundaria vinculados al contrato programa en las residencias y centros de días para personas mayores.
El contrato programa es un convenio plurianual entre la Generalitat y los entes locales --ayuntamientos y mancomunidades--, por el que la Administración autonómica financia la prestación de los servicios sociales municipales. Por ello, Camarero ha invitado a las Administraciones locales a trabajar de manera "conjunta" en su articulación.
Durante la reunión, las comisiones técnicas mixtas provinciales han presentado un informe técnico sobre el grado de ejecución y evaluación del funcionamiento del contrato programa en cada zona desde su arranque en el año 2021. En este sentido, también han expuesto los principales problemas detectados con el fin de estudiar soluciones y hacer más eficaz este tipo de financiación.
El OCCI está integrado por representantes de las diferentes direcciones generales de la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón, los ayuntamientos de las ciudades de Alicante, València, Castelló de la Plana y Elche, así como representantes de municipios con menos de 100.000 habitantes.
