Imagen de las instalaciones de À Punt. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El futuro de À Punt es uno de los deberes más urgentes del Consell conformado por el PP y Vox. La vuelta del verano se prevé intensa en multitud de asuntos de gestión, especialmente con la elaboración de los que serán los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo. Pero el de la televisión autonómica no podrá demorarse y serán diversas las decisiones que habrán de tomar antes de final de año.
Lo primero que tendrá de definir el Gobierno valenciano es qué modelo de televisión autonómica quiere. Hasta ahora, el posicionamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha consistido en destacar que se encuentra sobredimensionada, ideologizada, que no representa la realidad lingüística de la Comunitat, que las cifras de audiencia son bajas y que existen numerosas disfunciones. Pero nunca ha hablado de concreciones. Así que ahora llega el momento.
El Consell del Botànic modificó durante sus dos legislaturas la ley de creación en varias ocasiones. Siempre fue a través de la ley de Medidas Fiscales, la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos. A través de esta norma introdujo, por ejemplo, cambios para dejar sin efecto la cláusula que impedía a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal o para elegir la presidencia del ente, que ahora es por mayoría parlamentaria simple –sin la oposición–.
El PSPV, Compromís y Unides Podem, sin embargo, eternizaron durante dos legislaturas una modificación de la ley de creación que nunca concitó el acuerdo de los tres partidos: la de la fusión de las dos sociedades que componen À Punt –la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)–.
El cambio ha sido demandado y resulta necesario en opinión de numerosas personas porque la doble estructura ha generado deficiencias. Pero la complejidad jurídica ha provocado que se posponga y vuelva a posponer. Descartada la vía de Acompañamiento por este motivo, se intentó la de la comisión de Les Corts dedicada a la radiotelevisión. La idea era abrir ahí el melón, llamar a expertos para acometer a continuación el trámite parlamentario y contar con el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu. Sin embargo, acabó la legislatura y volvió a quedar en el aire. Ahora, el PP y Vox habrán de abordar la cuestión, que parece ya ineludible.
Uno de los grandes problemas es la figura de los trabajadores –si laborales o funcionarios– y cómo traspasar el personal de una entidad a otra. A ello se añade el debate sobre en qué se convertiría la radiotelevisión con una única estructura. Hay quien aboga por un ente público, pero dentro del nuevo Consell no hay decisión alguna tomada.
De hecho, en el Ejecutivo falta un nombramiento que resultará clave en este asunto: el de la persona que ocupará la dirección general de Comunicación y Promoción Institucional. Será quien se encargue del seguimiento del contrato programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y, por tanto, de gran parte de lo relacionado con À Punt –al margen, claro está, de otros departamentos como la dirección general de Presupuestos–.
En esta última área recae ahora mismo un tema fundamental: las oposiciones. La Corporació publicó su propuesta de convocatoria el pasado enero, un lustro después de que À Punt lleve funcionando mediante la constitución de bolsas temporales de empleo y con una relación de puestos de trabajo (RPT) también criticada.
La oferta pública de empleo publicada contempla 143 puestos de periodista y periodista ENG (modalidad en la que se requiere el uso de la cámara), 43 operadores de cámara, cuatro iluminadores y cuatro meteorólogos. El proceso selectivo consta de un examen, que supondrá un 60% de la nota y que será necesario superar para enfrentarse a la segunda fase de la prueba: la valoración de la experiencia profesional y los méritos académicos que equivaldrán al otro 40% de la puntuación final.
El Consell Rector de la Corporació mandó la propuesta al Ejecutivo autonómico, donde tiene que ser aprobada por dos direcciones generales: la de Función Pública y la de Presupuestos. El Botànic lo dejó pendiente, de manera que ahora el PP y Vox deberán de dar luz verde... o replantear las oposiciones. Otro de los grandes interrogantes.
Una vez dieran su 'ok' estos dos departamentos, tendría que volver al Consell Rector y éste iniciaría obligatoriamente el proceso de convocatoria. El tiempo que puede quedar a la espera en las direcciones generales es una incógnita. Y el temor es que se paralice.
En este impasse, no son pocas las personas que trabajan en la propia À Punt y periodistas en otras empresas que empezaron, a principios de año, a estudiar las oposiciones y que esperaban, "como mucho", que se celebraran durante los primeros meses de 2024 "debido al retraso que pudiera darse por las citas electorales de este año". Si bien fuentes conocedoras del proceso apuntan a que la convocatoria de inscripción a las pruebas no fue tan masiva como se preveía, no dudan en contar que la esperada cercanía de las pruebas afecta al rendimiento del personal que está trabajando y estudiando a la vez.
Por otra parte, otro asunto que traerá el nuevo curso será el nuevo contrato programa. Aunque el anterior Consell aprobó uno en junio (ya en funciones), ese es el que llevaba más de año y medio sin aplicarse por las negociaciones dentro y fuera del Botànic. Finalmente, el documento tendrá una aplicación formal de medio año, si bien desde À Punt afirman que "se lleva cumpliendo desde hace tiempo". Y tal vez sea así en cuestiones como el número de horas y los contenidos que se deben apoyar, pero hay dos cuestiones fundamentales que sin la protección del consenso del Botànic pueden cambiar drásticamente.
En primer lugar, las audiencias no van a llegar al 4%, que era el objetivo marcado tanto en el proyecto bianual como en el documento con el que se presentó Alfred Costa a la dirección. Pese a que marzo fue el mejor mes desde su creación (con un 4,4% de share), desde entonces la cadena ha caído en audiencia en picado. Julio ha sido especialmente sangrante, pero ni siquiera mayo, con un evento como las elecciones autonómicas y locales, sirvieron para mantener la espuma de las Fallas y la Magdalena. El último dato mensual, con una parrilla sin apenas contenido propio y con muchas franjas ocupadas por reemisiones, se sitúa en un 2,4%. Por poner en contexto, es solo 0,9% más que la cadena temática telenoticias catalana 3/24; un 0,5% de ETB1, que es la segunda cadena pública vasca; tendría que duplicarse para igualarse a IB3 y más que quintuplicarse para hacer lo propio con TV3.
En segundo lugar, el segundo canal de radio, enfocado —en principio— a la difusión de la música y la cultura valenciana y poniendo especial acento en la creación en valenciano. Los problemas presupuestarios y el ancla institucional que ha arrastrado la radiotelevisión por sus roces con el Consell saliente han provocado la congelación del proyecto, que ahora, con un contrato programa salido de una nueva mayoría que opta por recortar, podría caer definitivamente. Por otro lado, cabe recordar que ni siquiera hay, hoy en día, una persona al cargo de la dirección de la radio.
Mientras todo esto ocurre, siempre ha sobrevolado la posibilidad de un ajuste de plantilla con un Gobierno de derechas. Máxime con los antecedentes de un PP que cerró la radiotelevisión durante la etapa de la crisis económica. El primer lugar en el que se comprobará es en los próximos presupuestos. Y de ahí que otra de las opciones que circula es la de las externalizaciones.
La actual ley de À Punt es ya una de las más laxas en este sentido. La única línea roja son los contenidos informativos, mientras el resto de la parrilla se puede externalizar con la excusa de "apoyar al sector audiovisual" valenciano. Esta línea roja está mucho más lejos de lo que estuvo Canal 9 en toda su historia salvo en sus últimos meses de vida, con una plantilla poniendo el grito en el cielo en el peso de las externalizaciones.
En todo caso, À Punt ha traspasado (y traspasa) ese pequeño límite. Siguen licitando a empresas coberturas informativas en diferentes comarcas o corresponsalías internacionales. Siempre que el Comité de Empresa ha oficializado esta denuncia, Inspección de Trabajo o el Tribunal de Arbitraje Laboral le ha dado la razón. Pero la radiotelevisión pública no deja de hacerlo.
Si bien en la radio esta práctica es mucho menos frecuente y se ha internalizado la producción del magazine de la mañana, si el Consell apuesta por ir más allá, el siguiente modelo sería hacer prácticamente del ente una oficina de externalizaciones. Si no, solo quedan conocidos otros modelos como el murciano (una licitación para la gestión integral de la radiotelevisión) o el castellano-leonés (subvencionar a fondo perdido una televisión privada para que sea empresarialmente atractiva de mantener).
Por último, entre los asuntos pendientes se encuentran los posibles relevos de cargos nombrados por los partidos del Botànic. Todo dependerá de si hay finalmente fusión de sociedades o no y de cómo se conciba su estructura. La lógica indica que seguiría habiendo una presidencia y una dirección general, aunque dentro del mismo ente.
Miquel Francés y Alfred Costa ocupan actualmente estos dos puestos. Unas designaciones que el tripartito quiso resolver antes de las elecciones por lo que pudiera ocurrir. Pero con una modificación de la ley todo puede cambiar ahora y el PP y Vox podrían plantearse nuevos nombres y la forma de nombrarlos.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
