Carrasco plantea dejar en suspenso la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Castelló

CASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, anuncia que este jueves, en el pleno, instará a los grupos políticos a pedir, "desde el consenso y la unanimidad", una moratoria en la aplicación de la Ley de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital de la Plana, "más conocido como Castellon Central".

El objetivo que persigue la moción de los populares es que "los efectos negativos que comportará a los comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios el hecho de cerrar al tráfico 745.000 metros cuadrados y controlar el acceso mediante el sistema sancionador de cámaras, que ya multan en el centro, se retrase en el tiempo y, al mismo tiempo, abrir un proceso de participación ciudadana para decidir entre todos la zona restringida al tráfico rodado donde deberían incluirse los viales que ya son peatonales", explica Carrasco.

"Hay municipios, como Vila-real, igual de afectados por esta Ley que han anunciado que solicitarán una moratoria conscientes del daño que va a causar al comercio. Decimos ‘sí’ a una ciudad más sostenible, pero ‘no’ en los términos de imposición que sigue el gobierno municipal de Amparo Marco. Tras hablar con hosteleros, comerciantes, residentes y vecinos en general, nos reafirmamos: no es ni el momento, ni la forma adecuada de implantar la Zona de Bajas Emisiones, totalmente de espaldas a los afectados, como se está haciendo", explica la portavoz del PP.

"El próximo jueves instaremos al pleno al consenso para llevar a cabo la solicitud de esta, con el fin de que los efectos negativos que comportará en comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios se puedan suspender en el tiempo y, mientras, consensuar, entre todos, la superficie que debería acotarse. Por último, instamos a aprovechar las calles que ya son peatonales y limitadas al tráfico rodado con el fin de que computen como zonas de bajas emisiones minimizando los problemas de movilidad. Y todo, con el doble objetivo de conseguir una ciudad más sostenible, pero ajustada a las necesidades reales y aspiraciones del conjunto de castellonenses", añade.

El equipo de gobierno sigue cumpliendo trámites y adjudicando contratos en todo lo referente al proyecto de cierre al tráfico y peatonalización de los 745.000 metros cuadrados de toda la trama urbana, caso de la adjudicación de la redacción de los anteproyectos o el suministro de las videocámaras y el sistema tecnológico que se encargará de vetar el acceso de los vehículos dentro de dicho perímetro, contrato este último que está valorado en más de 2 millones de euros.