CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha cuestionado este sábado las prisas que han llevado al gobierno de Amparo Marco a aplicar el rodillo para derogar el Código de Buen Gobierno, sin consenso, ni unanimidad del pleno, para adherirse al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según ha dicho a través de un comunicado, “lo llevaron al pleno de diciembre sin debate, sin negociación, porque se negaron a crear una comisión de estudio, tal y como solicitamos en reiteradas ocasiones, igual que se creó en 2014, culminando en 2015 con un texto aprobado por unanimidad, gobernando el Partido Popular con mayoría”. “Consideramos que la vía de urgencia no estaba ni mucho menos justificada, a no ser que escondan algo a los castellonenses, el temor de verse implicados en algún caso de corrupción”, ha declarado.
Carrasco explica que solo así se entenderían las prisas para blindarse en el gobierno. “Llama mucho la atención que de los 247 puntos del pacto de gobernabilidad –conocido como Acord de Fadrell-, PSOE, Compromís y Unidas Podemos hayan dado prioridad a dos, el primero al que hace referencia a su subida de sueldo en un 50% y el segundo, a éste, la derogación del Código de Buen Gobierno alcanzado por unanimidad en 2015 y que, precisamente, socialistas y nacionalistas se encargaron de endurecer hasta no respetar la presunción de inocencia ante posibles casos de corrupción”.
La portavoz de los populares insiste en conocer si el gobierno de Amparo Marco tiene sobre la mesa alguna investigación judicial vinculada a la corrupción “para que hayan decidido blindarse en el gobierno anteponiendo su estrategia partidista y desleal con el resto de concejales que también se adhirieron al Código de Buen Gobierno al inicio de la legislatura”.