Casi 9 millones y un particular sin solvencia acreditada: la oferta alternativa para quedarse con Tastia

CASTELLÓ. El concurso de acreedores de Tastia, propietario de Muerde la Pasta, se acerca a sus últimos compases antes de que el juez determine quién se hará con el grupo de restauración y alimentación castellonense. Atitlan había presentado una oferta vinculante para adquirir las 17 unidades productivas del grupo, pero tras la presentación de otra oferta alternativa, el administrador concursal ha considerado insuficiente la del grupo inversor valenciano, como publicó este diario, y ha propuesto la segunda oferta para su adjudicación.

El proceso, iniciado a principios de septiembre cuando el juzgado aceptó el concurso voluntario de acreedores, ciertamente está resultando más complicado de lo que inicialmente se hubiera esperado debido a las dudas suscitadas precisamente por esta segunda propuesta, evidenciadas en los diferentes escritos presentados no sólo por el concurrente inicial, el grupo inversor Atitlan -a la postre, competidor de esta segunda oferta-, sino también de la empresa castellonense concursada e incluso del comité de empresa de la misma.

En los diferentes escritos presentados al juzgado, a los que ha tenido acceso este diario, tanto Atitlan como Tastia y los representantes de los trabajadores cuestionan la solvencia económica y técnica del concurrente alternativo y piden documentos que garanticen la viabilidad de su oferta. No en vano, se trata de un particular, que dice concurrir en nombre propio pero que, para acreditar su capacidad de impulsar el negocio de Tastia, se presenta como "accionista control" de un conglomerado empresarial, Muad Did Holding, con empresas de diferentes sectores como la distribución de alimentación, la restauración, la fabricación de bebidas energéticas y la promoción y construcción de vivienda.

La oferta en cuestión asciende a 8,7 millones de euros, pero insiste en recalcar que supondrá en total hasta 20,9 millones si se tienen en cuenta el "coste indemnizatorio por la subrogación de la totalidad de la plantilla [...], la cantidad por asistencia financiera", así como las inversiones de mantenimiento y "recuperación de la actividad en los primeros dos años" tras la adjudicación, según explica la documentación presentada en el proceso concursal. Un planteamiento según el cual "es indiscutible que este valor económico y la capacidad del oferente para afrontarlo" permitirá "garantizar" la "continuidad y posterior crecimiento" de Tastia, insiste le oferta.

Dudas sobre la solvencia

Tras conocer la oferta, el primero en alertar de una posible falta de solvencia fue Atitlan, al señalar que el ofertante no hace "ni la más mínima referencia" a su patrimonio "ni a su solvencia", ni se presenta ningún certificado que acredite la renta o la suficiencia de fondos. "Sorprendentemente en un momento determinado se indica que la oferta no depende de obtención de financiación externa, pero sin justificarse mínimamente dicha afirmación", subraya la defensa de la firma inversora.

Así la "única circunstancia" que recoge en relación a su patrimonio es su vinculación al grupo empresarial "del que dice ser accionista, pero ninguna prueba se aporta para acreditar dicha condición", apuntan las alegaciones de Atitlan, que tras comprobar sus vinculaciones, concluye que no es administrador ni apoderado de ninguna empresa del grupo en cuestión. Sí lo es, insiste, de una decena de empresas radicadas en Murcia, de las cuales ocho estarían cerradas y las otras dos son de reciente creación.

Tras solicitar el administrador concursal más información al ofertante, respondió el dueño único del grupo Muad Did Holding para aclarar que el particular que presentó la oferta se trata de su "socio", además de subrayar que el grupo espera una facturación anual de 70 millones y unos beneficios de 3 millones, así como un crecimiento adicional del 10-15% en las ventas para los próximos años. Información que, sin embargo, no convenció ni a Atitlan ni a la empresa concursada, el grupo Tastia, que presentaron nuevas alegaciones.

Por su parte, Atitlan insiste en la "falta de solvencia y de medios humanos y técnicos" del oferente al señalar que se trata de "una persona física que carece de bienes inmuebles" y que en su oferta "no contiene información alguna sobre su solvencia económica", además de indicar que "no se acredita" su relación con el grupo empresarial del que dice ser accionista. Y que presenta una "situación patrimonial y financieramente totalmente opaca", que no ha "dado ni justificado información alguna sobre su solvencia", más allá de las manifestaciones de la misiva del supuesto socio.

También el grupo Tastia manifestó dudas sobre la oferta y, además de recalcar lo manifestado por Atitlan, subraya que el ofertante no sólo no acredita relación con el grupo al que dice pertenecer ni su solvencia económica a título particular, sino que de la decena de restaurantes que dice ostentar el grupo, "cuatro de ellos se encuentran cerrados, es decir, fracasados en el negocio" y el resto están explotados por compañías "de las que se desconoce su vinculación con el oferente". Esto, junto al hecho que el grupo Muad Did Holding "únicamente ha depositado cuentas anuales correspondientes a su primer ejercicio, 2020", motivan la solicitud del grupo castellonense en concurso de que el juez exija una garantía de los 8,7 millones de la oferta.

Se suma el Comité de Empresa

A todos estos interrogantes planteados tanto por Tastia como por Atitlan, este martes se sumaron los representantes de los trabajadores en un escrito remitido al juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón, que tutela el proceso concursal, en el que, junto a la firma concursada, solicita al juez que pida "a los ofertantes aval u otra garantía del cumplimiento de las asociaciones asumidas y, en concreto, del precio de compra ofertado por ambos".

Un documento en el que, insiste, "es fundamental" que los ofertantes acrediten "suficiente estructura empresarial, capacidad técnica, personal humano y técnico así como solvencia económica" para garantizar "la continuidad de la actividad de las empresas en su conjunto y el mantenimiento del empleo en las condiciones ya pactadas con la representación sindical". Y sentencia: "Está en juego el futuro de 700 familias".

Este escrito llegará al juzgado en los últimos compases del proceso. El lunes se abrió el plazo para que ambos ofertantes, tanto Atitlan como el concurrente alternativo, puedan mejorar sus propuestas de adquisición vinculantes de forma que, próximamente, el juez tome una decisión definitiva.