CASTELLÓ (EP). La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha apoyado el manifiesto firmado por CCOO, UGT y CGT, PAH y Sindicatos de Inquilinos para que "la nueva ley estatal garantice el derecho constitucional de una vivienda digna".
Así, el consistorio espera que esta normativa "aumente en el país la cifra de viviendas sociales hasta el 20% del parque inmobiliario total en 20 años, permita a los municipios regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y frene los desahucios de familias vulnerables sin alternativa residencial", según ha indicado en un comunicado.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha señalado que "desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha medidas para ampliar el parque público y los alquileres municipales con el plan de compra y la bolsa de alquiler, y se intenta frenar la especulación de los fondos buitre con un recargo de un 50% en viviendas vacías de grandes propietarios". "Pero necesitamos una nueva regularización estatal que dé respuesta a las miles de familias del país que ven peligrar el acceso a la vivienda y que haga frente a las prácticas especulativas", ha agregado. En este sentido, la edil ha destacado que el Plan Estratégico de Vivienda Municipal señala que en Castelló hay 13.000 viviendas vacías mientras hay una necesidad de 4.260 hogares asequibles.
Garrido ha apuntado que "según el Instituto Nacional de Estadística, 3,4 millones de casas están sin ocupar, cuando muchas de ellas son de grandes tenedores, y el parque público de vivienda es entre siete y diez veces menor que la media de otros países europeos", al tiempo que ha admitido que "las Administraciones tienen que poner todo su empeño en corregir esta anomalía, y más en un momento de grave crisis económica".
Asimismo, la concejala ha destacado que "el manifiesto impulsado por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, PAH, Sindicatos de Inquilinos y otros movimientos sociales, reivindica que la ley, cuyo borrador entrará en breve en el Congreso de los Diputados, incluya medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada". "Es una oportunidad muy importante para acompañar a las líneas estratégicas que ha diseñado la Concejalía en esta legislatura", ha declarado.
Entre algunas de las medidas que espera que incorpore la normativa estatal, Garrido ha remarcado "la necesidad de incrementar el parque público, movilizar viviendas de grandes propietarios para el alquiler social, modificar la ley de arrendamientos para que se pueda regular el precio del alquiler en barrios con precios tensionados, garantizar los suministros esenciales, impulsar medidas contra los abusos de entidades financieras, y la obligación de alquileres sociales por parte de grandes propietarios en familias en riesgo de desahucio".
