Castelló deja de ingresar 274.000 euros por el IBI de la residencia militar al perder su litigio con Defensa

CASTELLÓ (EP). La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castello ha aprobado este jueves llevar a efecto una sentencia dictada por el Tribunal Supremo que exime al Ministerio de Defensa de abonar al consistorio más de 274.000 euros en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la Residencia Militar la Plana, ubicada en la avenida Ferrandis Salvador y, por tanto, establece la anulación de las liquidaciones giradas por este impuesto correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, en rueda de prensa, la sentencia alega que el Ayuntamiento no debe cobrar el IBI al Ministerio de Defensa, puesto que la Residencia Militar de la Plana "está incluida en el patrimonio para la defensa nacional".

López ha destacado que el Ayuntamiento de Castelló no llegó a cobrar este impuesto tras presentar el Ministerio de Defensa una reclamación económico-administrativa en 2014, ya que quedó a la espera de la resolución de este procedimiento.

Tras la sentencia del TS, el consistorio dejará de cobrar al Ministerio de Defensa por este concepto 137.000 euros correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016; 48.513 euros, a 2018; 46.200 euros, a 2019; y 42.600 euros, a 2020. En 2017 no se emitió liquidación del IBI.

Adaptar la plantilla a la nueva RPT

Entre otras cuestiones, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para la realización de la valoración de puestos de trabajo que configuran la estructura de la plantilla del Ayuntamiento de Castelló y sus organismos autónomos, para lo que se consignarán 112.500 euros.

Además, ha dado el visto bueno a la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento para incorporar las plazas que se han creado en el presupuesto de 2020. Se trata de una vacante de ingeniero agrónomo, otra de auxiliar administrativo, una tercera para especialista en gestión y dinamización cultural, una cuarta para técnico en gestión de proyectos europeos, cuatro plazas para telefonistas, tres destinadas a diplomados en informática y seis para graduados universitarios en trabajo social.