Castelló prepara 1,3 millones hasta 2021 para 'blindar' los pisos VPO frente a los fondos buitre

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló prepara una consignación presupuestaria de más de 1,3 millones de euros para blindar las máximas Viviendas de Protección Oficial (VPO) posibles hasta 2021. A través del decreto ley de tanteo y retracto, pretende intervenir en aquellas operaciones de compraventa de grandes propietarios con fondos buitre o sociedades de inversión (Socimis) para evitar la posterior especulación con el precio del alquiler.  

La cantidad se contempla en dos anualidades. Para 2020, 350.000 euros; y el resto, para el siguiente ejercicio. Aunque la suma pueda parecer insuficiente, desde la Concejalía de Vivienda se considera como un punto de partida, teniendo en cuenta que la normativa autonómica, recientemente aprobada por el Consell, confiere a las administraciones una posición preeminente sobre los demás pujantes en una subasta pública. 

El derecho de tanteo facilita a las instituciones las herramientas necesarias para igualar la oferta más baja del fondo buitre. Además, obliga al tenedor a aceptarla. Eso significa que el consistorio puede adquirir, por ejemplo, pisos por un precio unitario de 8.000 euros, cantidad que pagó una entidad de capital de riesgo tiempo atrás por cada uno de los inmuebles que compró en el barrio Raval-Universitari.

1.026 inmuebles protegidos

En Castelló, existen 1.026 VPO destinadas al alquiler y que pertenecen a grandes propietarios, es decir, que poseen más de cinco viviendas. Algunas de las moradas, descalificadas recientemente, son susceptibles de salir al mercado. Con el nuevo marco normativo, cualquier administración está en disposición de personarse en la compraventa, lo que hace que el Ayuntamiento esté vigilante.

No en vano, el horizonte de los sucesivos años dibuja un escenario muy favorable en el caso de que existan recursos económicos para intervenir en las operaciones. Fuentes de la Concejalía de María Jesús Garrido apuntan que un 30% de esos inmuebles perderán su protección en el próximo lustro.

Lo que dice la norma autonómica

El decreto ley habilita a la Generalitat para ceder los derechos a los ayuntamientos con el propósito de ampliar su parque público. En concreto, el tanteo y retracto son dos facultades de adquisición preferente que posibilitan a la administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-.

De acuerdo con la norma, se recogen dentro de estos derechos "las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio", así como "en operaciones de venta referidas a 10 o más viviendas y sus anejos". En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.

El Ayuntamiento de Castelló posee actualmente 227 inmuebles destinados al alquiler social. A esa cifra hay que sumar otros cuatro más, transferidos por el Consell para su rehabilitación y posterior puesta a disposición de familias en situación de vulnerabilidad.