CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló prevé iniciar la segunda fase de las obras para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en octubre de este año y tenerlas finalizadas en diciembre de 2025. Fecha en que, tal y como ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, se prevé que estén completadas todas las actuaciones. De hecho, esa fecha es el límite del plazo fijado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La actuación que comprende esta segunda fase incluye una superficie de 19.555,21 metros cuadrados, que se distribuye en tres áreas concretas. Por un lado, la denominada zona 2 (calles Pintor Castell, Villarroig, Calvario, Dolores, Pedro Aliaga, Germanías, Infante Don Pedro y Rosell), la zona 3 (viales Arquitecto Traver, Amadeo I, Echegaray, Trullols, Joan Fuster y el enlace con Huertos Soguero), y la zona 6 (calles Fola, Sagasta y Pelayo del Castillo).
Asimismo, se incluye la adecuación de la explanada del antiguo Mercado del Lunes en la avenida del Mar. La actuación supone una inversión de 658.049 euros y consiste en habilitar 500 plazas de estacionamiento, algunas para personas con movilidad reducida, puntos de recarga para vehículos eléctricos y zonas ajardinadas.
Previo al inicio de estas obras, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer la adjudicación a Comaypa SA del contrato de servicio de arquitectura e ingeniería para la dirección técnica facultativa de esta actuación que está financiada con fondos europeos. La adjudicataria presentó una oferta por 62.000 euros (IVA excluido), una baja del 15% sobre el presupuesto de licitación.
Esta segunda y última fase de la ZBE de Castelló cuenta con una inversión de algo más de cuatro millones de euros, cofinanciado al 90% por los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La encargada de ejecutar las obras será Becsa, que se postuló en solitario para ejecutar esta fase y que es la sociedad que se ha hecho cargo también de las obras de la primera fase.
Cabe recordar que la normativa europea establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener implantada la Zona de Bajas Emisiones, como es el caso de Castelló, no obstante el actual gobierno ha reorientado el proyecto, según explicaron, para evitar el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de suelo urbano y recuperar hasta 219 plazas de aparcamiento así como incrementar las zonas ajardinadas y mejorar la accesibilidad.