CASTELLÓ. La comisión de investigación sobre la Policía Local de Castelló retoma su actividad tras más de tres meses de anquilosamiento. La presidencia, en poder de Ciudadanos, cita al resto de grupos políticos para este viernes a fin de organizar una reunión telemática. En el orden del día, se incluyen distintos aspectos que quedaron encima de la mesa en la anterior convocatoria, celebrada el 4 de diciembre de 2020.
Sin embargo, parece improbable que se avance en exceso con la fiscalización de la sala. Según fuentes del PP, las aclaraciones de los técnicos pasan por alto sus interpelaciones acerca de la presunta duplicidad de expedientes sobre las viodecámaras de vigilancia o el contrato de suministro del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse) por un importe de 900.000 euros.
Ante el colapso administrativo por las reiteradas peticiones de documentación adicional a cargo de populares, naranjas y socialistas, el órgano auditor tuvo que aplazar el último encuentro de 2020, programado para el 18 de diciembre. Sin sumarios nuevos que hubiesen posibilitado proseguir con el análisis, se acordó dejar en stand-by la periodicidad quincenal, a la espera de que los funcionarios dispusieran de material suficiente al objeto de profundizar en la indagación, siempre atendiendo a las preguntas formuladas por los partidos en sesiones precedentes.
Así, ese retraso se ha prolongado durante más de tres meses, un tiempo excesivo para la principal fuerza de la oposición, que el pasado 23 de febrero amenazó con emprender acciones legales si antes del 15 de marzo no se reanudaba la actividad de la comisión de investigación. El representante del Partido Popular, Vicent Sales, acusó entonces al equipo de gobierno de "bloquear" la fiscalización por la "falta de información" sobre los procesos de adjudicación y ejecución de contratos. En este contexto, advirtió que la "obstrucción" del Fadrell "se trata de una estrategia para perder el interés informativo y mediático".
En la postrera convocatoria, previa al parón, se hizo todavía más patente el enfrentamiento entre el PSPV y el PP, al que también se sumó Cs. El elevado tono, con cruces de reproches, evidenció una certeza: la auditoría de la sala de la Policía Local amenaza con consumir el resto del actual mandato. El portavoz del grupo socialista, José Luis López, fue muy ilustrativo al respecto al señalar que "a este ritmo quizás acabemos de legislatura y los que vengan detrás tendrán que seguir".
El órgano fiscalizador se constituyó oficialmente el 30 de octubre de 2019 con el propósito de analizar los siete expedientes de suministro y equipamiento del Cimse durante los últimos ocho años. En concreto, tres contratos menores (de mochilas, chalecos y linternas) y los demás de más enjundia, entre ellos el dossier sobre la plataforma multiagencia y equipamiento integral, con más de 3.000 folios.
Desde las primeras reuniones, socialistas y populares constataron sus divergencias, abonando el terreno para abrir un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Castelló. Las insinuaciones sobre presuntas irregularidades cometidas por unos y otros auguraron la enésima batalla, que se ha ido confirmando con el paso de los meses. Una partida de ajedrez en la que, por el momento, los jugadores mantienen intactas sus piezas sobre el tablero.