CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló tendrá que devolver a la Conselleria de Vivienda más de 250.000 euros por las ayudas para el alquiler destinadas a hogares vulnerables. La convocatoria impulsada en marzo ha tenido menos alcance del esperado y solo se ha logrado asignar un 10,35% de la cantidad total, es decir, 29.205,2 euros de los 282.000 euros transferidos.
Según fuentes de la Concejalía de María Jesús Garrido, la escasa repercusión se ha debido a que las subvenciones "se han solapado" con los subsidios de Bienestar Social, que solo en el presupuesto municipal de 2022 contemplan una partida de 2,36 millones de euros. Al respecto, a lo largo del pasado año se atendieron 7.123 prestaciones individualizadas por un valor de tres millones de euros. Ese dinero se destinó tanto a los arrendamientos de pisos como al pago de suministros (luz, gas y agua).
De las 13 solicitudes presentadas para acogerse a la línea de emergencia habitacional, se han concedido 9 por sumas que oscilan entre los 885,03 euros, como cuantía más pequeña, y los 6.521,94 euros, como importe más elevado. Todos los beneficiarios han acreditado una situación de vulnerabilidad extrema, sin percibir ninguna otra contribución dirigida a abonar el alquiler de sus hogares.
Para garantizar que las ayudas llegaran al mayor número posible de individuos, en la convocatoria se excluía el requisito de que los receptores estén al corriente de los pagos tributarios. Asimismo, se priorizaba a las víctimas de violencia de género y a las personas objeto de algún desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, así como a sujetos sin hogar.
De igual modo, desde el Ayuntamiento se habían promocionado las subvenciones entre las ONGs de la ciudad. El plazo de presentación de solicitudes se estableció en 20 días naturales desde el 5 de marzo, cuando el anunció apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Al tratarse de una convocatoria autonómica, la Concejalía de Vivienda está obligada a retornar los poco más de 252.000 euros sobrantes, sin posibilidad de derivarlos a otras actuaciones. Por ejemplo, a incentivar la bolsa de alquiler. Desde 2021, el consistorio promueve un programa de ayudas para que los propietarios con algún inmueble vacío lo cedan con vistas a favorecer la ocupación, mediante un arrendamiento, de personas en situación de vulnerabilidad.
El consistorio incentiva con 1.500 euros la incorporación de una vivienda en condiciones de habitabilidad en la bolsa de alquiler. Una cantidad que puede llegar hasta los 2.900 euros en el caso de acometer reformas de adecuación. Otras líneas de crédito se emplean para rehabilitar edificios o mejorar la eficiencia energética en inmuebles con más de 40 años de antigüedad.