Castellón es la segunda provincia del Mediterráneo con menos cotizantes por pensionista

CASTELLÓ. La balanza entre las personas que cotizan a la seguridad social y las que cobran una prestación de vejez, viudedad o invalidez en Castellón está por debajo de la media nacional, que es de 1,95 por cada pensionista. Esta situación relega a la provincia a la cola de las que integran el arco mediterráneo. 

En este eje económico -que agrupa a Cataluña, Islas Baleares, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía- Castellón cuenta con el segundo peor porcentaje (1,77) de cotizantes por pensionista, solo superada por Cádiz (1,70), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estos resultados reflejan que la fuerza laboral es inferior a la que de gran parte de las regiones colindantes y plantea un desafío para los próximos años para revertir esta tendencia, que incrementa las dificultades para afrontar la sostenibilidad del pago de futuras pensiones por parte de Estado.

El umbral para que la hucha de las pensiones mantenga su equilibrio presupuestario es lograr 2,5 cotizantes activos por cada pensionista o pasivo, en opinión de los expertos. Para afrontar este reto, es necesario "rediseñar parte del Sistema Nacional de Salud, asegurar la sostenibilidad y solvencia de su sistema público de pensiones, y lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez más activa y satisfactoria en la vida económica y social del país". 

Esta es una de las propuestas que recoge el informe España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, en el que han participado un centenar de expertos para acercar los retos a los que se enfrenta la sociedad y economía española en las tres próximas décadas. La calidad de las cotizaciones y pensiones puede modificar en algunas regiones este contexto. Valencia (1,88)  se acerca a la media nacional y Alicante (2,02) la supera, reforzando su valor como referente socioeconómico en la Comunitat.

Los Graduados Sociales priman los años cotizados

Desde el Colegio de Graduados Sociales de Castellón reiteran la necesidad de revisar la actual legislación de pensiones, que está exigiendo periodos más largos de cotización para alcanzar la jubilación, así como la penalización que se aplica si no se trabaja en los dos últimos años. Al igual que otros colectivos especializados en el ámbito laboral, consideran que se debería tener en cuenta lo que un ciudadano ha cotizado y no la edad en la que se jubila para valorar la trayectoria laboral, sobre todo en los casos de personas que están toda la vida trabajando y el mercado las ha excluido en sus últimos años. 

Además, señalan que en la negociación colectiva es prioritario que se pacte un plan de pensiones complementario a la Seguridad Social, como ocurre en otros países. "La forma en la que concebimos la vejez y la división entre trabajo y la jubilación también tendrán que cambiar para adaptar el estado de bienestar a una sociedad más longeva", afirma el informe.

Teruel, entre las más bajas de España

El noroeste de la Península concentra a las diez provincias con menor número de afiliados por pensionista. Orense, Lugo y León rondan la paridad. Un pensionista por cada trabajador en activo. Teruel es la que ofrece unos resultados más bajos (1,52) entre las provincias limítrofes a Castellón. La despoblación es un factor clave. En la otra cara de la moneda se encuentran Almería, Madrid y Huelva, todas por encima del 2,5 cotizantes por pensionista. 

Al analizar el desafío de adaptar el actual estado de bienestar a una sociedad más longeva, el informe España 2050 advierte de que "ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario". Y es que dentro de treinta años uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy hay 3,4).

Para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar las sostenibilidad del sistema, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley -que supone la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- en el que se recogen una parte de las recomendaciones aprobadas en otoño por el Pacto de Toledo. Entre otras medidas se aborda "la revalorización de las pensiones según el IPC, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la ordinaria mediante, por un lado, incentivos para retrasar la jubilación voluntaria y, por otro, coeficientes reductores más flexibles y equitativos", así como la incorporación de un mecanismo de equidad intergeneracional que se definirá a finales de año.

El Ministerio de Inclusión ha anunciado que tiene previsto acometer en este semestre las modificaciones legislativas derivadas del acuerdo alcanzado para la reforma del sistema público de pensiones. Entre las medidas propuestas se recogen la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.