Alfonso Grau denunció a Rafael Rubio cuando informó de su vínculo con la actividad urbanística

VALÈNCIA. (EFE) El exvicealcalde de València Alfonso Grau y el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, ambos detenidos este jueves en València en el marco de una operación policial contra la corrupción, fueron adversarios políticos en el Consistorio de Valencia y el primero llegó incluso a denunciar al segundo tras cruzarse acusaciones mutuas.

El ex número dos del Consistorio Valenciano en la época de Rita Barberá, Alfonso Grau, denunció en abril de 2005 al entonces portavoz socialista, Rafael Rubio, por una supuesta intromisión en su honor al revelar que Grau era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras.

La demanda fue desestimada en enero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que absolvió a Rubio del referido delito, y condenó a Grau a abonar las costas procesales.

El entonces primer teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos interpuso esta demanda después de que Rubio revelara que el edil popular era administrador -y propietario en un noventa por ciento, según se reflejó en la sentencia- de la empresa "Edificios Familia SL", dedicada a la promoción inmobiliaria.

En aquel momento, en varios plenos municipales populares y socialistas se acusaron mutuamente de tener intereses urbanísticos en la ciudad.

Tras haber sido denunciado por Alfonso Grau, Rubio defendió la honorabilidad de su adversario político y aseguró que le constaba que esa firma no había actuado en ningún PAI de la capital, sino que era un instrumento para administrar su patrimonio.

"No tengo indicios de que haya participado en nada y no estoy acusando a nadie", indicó entonces Rubio.

La magistrada que estudió esta causa consideró que la misma trataba sobre "hechos públicos de relevancia pública, de personajes públicos, siendo la información absolutamente veraz y producida en el foro público político donde es exigible a los representantes electos labores de control y denuncia de la gestión pública".

Concluyó asimismo que las manifestaciones efectuadas por Rubio "no constituyeron intromisión alguna en el honor del demandante, al carecer de contenido difamatorio ni aludir a ningún comportamiento o acción personal que le hiciera desmerecer en la consideración ajena".