ELCHE (EFE). Una de las dos empresas responsables civiles subsidiarias en el juicio por la presunta trama de la contrata de basuras de Orihuela, Valoriza, ha defendido la legalidad de las actuaciones de la mercantil.

En la última sesión de este juicio que se sigue en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha declarado el abogado de Valoriza Servicios Medioambientales, Carlos Escanciano, para quien "no existen hechos probados" ya que, en su opinión, el ministerio fiscal y la acusación particular no han podido acreditar nada ilegal en la contratación investigada y esas circunstancias "no han permitido llegar a ninguna conclusión".

Tras la presentación de los informes de las defensas de las empresas responsables civiles subsidiarias será el turno del derecho a la última palabra de los 34 acusados, entre ellos el industrial Ángel Fenoll y los exalcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente, antes de declarar el juicio visto para sentencia en

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde Medina y las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de operación Brugal.

De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los citados exalcaldes Medina y Mónica Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora Lorente ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.