CASTELLÓ. (EFE). El Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre los contenidos de tres normas valencianas -la ley de Ordenación del territorio y los decretos leyes que modificaron las leyes de Policías Locales y de Presupuestos para 2019- y ha abierto la comisión bilateral entre ambas instituciones.

Respecto a la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se modificó la ley de 2014 de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el Gobierno discrepa del apartado 55 del anexo de la ley.

Dicho apartado cuantifica cómo se llevará a cabo el aprovechamiento resultante que le corresponde al ayuntamiento en cumplimiento del deber de participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento, que se materializará en terrenos cedidos a estas, libres de cargas de urbanización.

También se han iniciado negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artículo único del Decreto ley 2/2019, de 22 de febrero, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana.

Este decreto ley, convalidado en Les Corts el mes pasado, tenía como objetivo permitir a los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes nombrar personal funcionario interino en sus cuerpos de Policía Local, con la categoría de agente, sin aplicar la exigencia de que la única finalidad sea cubrir puestos vacantes por anticipo de la edad de jubilación.

Finalmente, el Gobierno discrepa del apartado once del artículo único del decreto ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, por el que se modificó la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2019 para incluir la subida de salario a los funcionarios aprobada por el Gobierno.

Dicho apartado modifica las cuantías del complemento específico asignado a los puestos de trabajo del cuerpo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Alicante, Castellón y Valencia.

En los tres casos, se ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral que proceda, según las resoluciones que publican este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el Boletín Oficial del Estado.

La comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue un acuerdo en el plazo de seis meses.