VALÈNCIA.- La reforma de la financiación autonómica, largamente demandada por las comunidades, y también de la local, reclamada por las autoridades municipales, es uno de los retos que tendrá que afrontar el próximo Gobierno, ya que mientras esté en funciones no puede hacer cambios en los sistemas.
Así lo reconoció en su discurso de investidura el candidato socialista, Pedro Sánchez, quien consideró un "reto fundamental" la reforma del sistema de financiación en esta legislatura. El nuevo método debe "concretar" las necesidades y los recursos que se necesitan para fortalecer dicho sistema y así fortalecer el estado de bienestar, en palabras de Sánchez.
Apuntó que en el último año se han dado "los primeros pasos" para recuperar el "diálogo constante e imprescindible" con las comunidades autónomas. Tangencialmente, la financiación autonómica se "coló" en el debate de investidura y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, condicionó su voto favorable a Sánchez, que, finalmente, fue abstención, a que se comprometiera, con un calendario, a reformar el sistema de financiación.
Precisamente, esta tarde se reunirán en València Sánchez y representantes de Compromís (Baldoví y Mónica Oltra) para intentar que el voto de los valencianistas sea a favor de una nueva investidura del socialista, para lo que reclamarán, entre otros asuntos, un compromiso para mejorar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
El Ejecutivo no pudo aprobar los Presupuestos para 2019, lo que motivó la convocatoria de elecciones y no pudo actualizar los envíos a cuenta para las autonomías, que supondrían un aumento en sus cuentas de más de 4.700 millones de euros.
Para poderlo hacer, se necesita un Gobierno plenamente operativo y no en funciones, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que se pueda constituir a finales de verano o antes de que termine el año. Tras ser rechazadas las cuentas, que incluían 6.671 millones adicionales para las comunidades, Montero dijo que estudiaría inyectar esos fondos vía decreto ley, algo que no ha ocurrido todavía.
Las comunidades estimaron unos ingresos de 7.756 millones para 2019 pero recibirán 4.739 menos al estar el gobierno en funciones
Su intención, señaló, pasa por actualizar las entregas a cuenta para que las autonomías que ya han consignado partidas, no hagan ajustes, lo que le parece "de justicia". Las comunidades estimaron en sus presupuestos para 2019 unos ingresos superiores en casi 7.756 millones de euros a los ingresos no financieros de cierre de 2018. Al no haberse aprobado, recibirán 4.739 millones de euros menos de entregas a cuenta y liquidación en 2019 respecto a lo presupuestado.
Aunque este imprevisto no afecta a todas las comunidades por igual, será bastante difícil que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,1% del PIB fijado para este ejercicio, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
En su informe señala que, aunque se pudiera pensar que se está cerca del cumplimiento para 2019 porque el cierre del déficit en 2018 (0,23 % del PIB) es cercano al objetivo en 2018 (0,1% del PIB), la congelación de las entregas a cuenta va a provocar que el cumplimiento del déficit sea improbable.
El motivo es que esa congelación supone una merma de ingresos para las regiones del 0,4 % del PIB con respecto a los datos presupuestados. Entre que el Gobierno está en funciones y algunos ejecutivos autonómicos están por constituirse aún, la reforma de la financiación autonómica tardará, aunque sea el deseo de la gran mayoría de las comunidades.
Sí están de acuerdo en volver a la mesa de "diálogo político", interrumpida a finales de año, y que la infrafinanciación sea prioritaria, así como en que el Gobierno haga una mayor aportación en función de las competencias asignadas.
