VALÈNCIA (EFE). La inversión pública en España registró un aumento del 6,7 % en 2020, aunque siguió sin ser suficiente para mantener las dotaciones de infraestructuras, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA.

El estudio "El stock de capital en España y sus comunidades autónomas", publicado este viernes, muestra cómo el aumento de la inversión pública no ha sido suficiente para cubrir la depreciación, es decir, permitir el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos ya existentes.

Por ello, la inversión neta (la que permite mejorar las dotaciones) se mantiene en valores negativos (-3.034 millones de euros en 2020), números rojos que arrastra desde 2012.

De los principales resultados de este estudio se extrae que la crisis de la covid-19 ha provocado una caída de la inversión total en España del 11,4 %, hasta situarse en 222.654 millones de euros, lo que la vuelve a colocar en niveles de hace una década.

La caída registrada en la inversión ha superado incluso la experimentada en el PIB (-10,8 %) y el empleo (-4,2 %), aunque este último se ha contenido gracias a la protección proporcionada por los ERTE.

Dentro de la inversión pública, la administración central aumentó sus inversiones brutas un 30 % en 2020 y las comunidades autónomas un 8,2 %, mientras que las administraciones locales las redujeron un 17,4 %.

Frente al alza de la pública, la inversión privada -que concentra el 91 % del total- se redujo casi un 14 % en 2020 e "interrumpió bruscamente la senda de crecimiento que llevaba desde 2013".

Los prolongados ajustes de la inversión pública iniciados en 2010 han reducido las dotaciones y equipamientos sanitarios, agravando los problemas de congestión hospitalaria durante la pandemia, señala el informe.

La pérdida acumulada de capital público desde 2011 hasta la actualidad asciende en España al -8,2 %.

El estudio apunta a la oportunidad que tiene España con los fondos Next Generation para aumentar los niveles de inversión pública a partir de 2021 y mejorar así sus dotaciones de infraestructuras y equipamientos sociales.