CASTELLÓ. La Unió Llauradora ha reclamado al Gobierno de España que exija en Bruselas, en el caso de que se apruebe el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la implantación de contingentes anuales para los cítricos y la aplicación de medidas correctoras automáticas para proteger al sector citrícola europeo. En concreto, la organización plantea un límite de 239.000 toneladas anuales para cítricos en fresco y de 499.000 toneladas para cítricos destinados a la industria, así como un arancel corrector del 15% en caso de superarse esos volúmenes.

Pese a esta reivindicación técnica, la Unió mantiene su rechazo frontal al acuerdo UE–Mercosur y advierte de que una eventual aplicación provisional, mientras continúa pendiente el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tendría consecuencias muy graves para el sector citrícola europeo y valenciano, incluso aunque se introdujeran mecanismos de salvaguarda.

El acuerdo reconoce la existencia de productos sensibles y establece para algunos de ellos contingentes arancelarios y mecanismos de protección —como el arroz, la miel o determinadas producciones ganaderas—, pero excluye a los cítricos, pese a su carácter estratégico para regiones productoras del arco mediterráneo. Para la Unió, esta exclusión supone una incoherencia interna del propio tratado, especialmente relevante en el contexto actual, marcado por la decisión del Parlamento Europeo de elevar el acuerdo al TJUE y por el debate político sobre su posible entrada en vigor provisional.

La organización agraria subraya que las importaciones medias de cítricos en fresco procedentes de los países de Mercosur ya se sitúan en torno a las 239.000 toneladas anuales, volumen que sirve de referencia para el contingente que propone. A este flujo se suma el impacto acumulativo de otros acuerdos comerciales en vigor, especialmente el acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Meridional, con Sudáfrica como principal origen, cuyas importaciones medias alcanzaron 794.500 toneladas anuales entre 2020 y 2024 y 954.490 toneladas entre enero y octubre de 2025. Según la Unió, el mercado europeo no puede absorber indefinidamente estos volúmenes sin generar perturbaciones significativas, sobre todo cuando coinciden con los primeros meses de la campaña europea.

En este contexto general del mercado, los últimos datos oficiales reflejan además que, en el arranque de la campaña 2025/2026, las importaciones de cítricos procedentes de los países de Mercosur a la Unión Europea alcanzaron 58.004 toneladas entre septiembre y noviembre, un 18% más que en el mismo periodo de la campaña anterior, según el informe de campaña de la Conselleria de Agricultura. Un comportamiento que coincide con el periodo más sensible de la comercialización europea y que contribuye a explicar la preocupación existente en el sector citrícola por el impacto acumulado de la política comercial comunitaria.

La situación resulta todavía más delicada en el ámbito de los cítricos transformados. El bloque Mercosur, y en particular Brasil, domina estructuralmente el mercado europeo del zumo, con importaciones medias cercanas a las 900.000 toneladas anuales, que en algunos ejercicios, como 2023, superaron el millón de toneladas. Brasil concentra alrededor del 70% del zumo de naranja que se consume a nivel mundial, pese a que este producto no está considerado sensible en el acuerdo.

La Unió recuerda que la industria transformadora europea absorbe en torno al 20% de la producción citrícola, actúa como mecanismo de regulación del mercado en fresco y sostiene empleo y actividad económica en las zonas productoras. Cada año, entre 650.000 y 850.000 toneladas de cítricos se destinan en España a la industria del zumo, por lo que una mayor liberalización de este mercado, advierte, desestabilizaría gravemente esa función reguladora y afectaría a la valorización de la cosecha.

Finalmente, la organización denuncia la ausencia de una evaluación del impacto acumulativo de los acuerdos comerciales. El sector citrícola europeo se enfrenta de forma simultánea al acuerdo con Sudáfrica, al acuerdo UE–Egipto y al eventual acuerdo UE–Mercosur, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de oponerse al tratado. El secretario general de la Unió, Carles Peris, considera que el Gobierno de España debe rechazar cualquier intento de aplicación provisional del acuerdo, mientras esté pendiente el pronunciamiento del TJUE, y articular un frente común con otros Estados miembros productores. “Este acuerdo, tal y como está concebido, no es compatible con la defensa del sector citrícola europeo ni con una agricultura viable, equilibrada y socialmente sostenible”, concluye.

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