CASTELLÓ. Las organizaciones agrarias valencianas han recibido como un “primer éxito” la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una iniciativa que, aprobada por un estrecho margen de diez votos, suspende de facto el proceso de ratificación del pacto mientras se analiza su compatibilidad con el Derecho comunitario.

La resolución de la Eurocámara llega tras días de intensa movilización del sector agrario, con protestas y acciones reivindicativas protagonizadas por agricultores y ganaderos valencianos, así como por organizaciones del campo en otros territorios de España y de distintos países europeos, que han reclamado de forma coordinada un freno a un acuerdo que consideran profundamente desequilibrado.

Desde el sector agrario, el voto del Parlamento se interpreta como un punto de inflexión tras años de presión institucional contra un tratado que, a su juicio, amenaza la viabilidad de numerosas producciones europeas. El secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, ha valorado la decisión como “un primer éxito” que concede “un margen de tiempo” para que la Comisión Europea atienda las demandas del sector. “Se paraliza temporalmente el pacto y nos permite seguir peleando hasta conocer el dictamen del tribunal”, ha señalado.

La Unió insiste en la necesidad de introducir “mejoras esenciales y garantistas” en el texto del acuerdo, especialmente en materia de reciprocidad. Entre sus principales reivindicaciones figuran el establecimiento de cupos en productos sensibles como los cítricos y una reducción de las cantidades autorizadas para sectores como el arroz, el vacuno, el aviar o la miel, así como garantías efectivas para evitar la entrada masiva de producciones procedentes de los países de Mercosur. “Seguiremos trabajando para que haya una resolución mucho más justa para los productores agrarios y ganaderos europeos y, por tanto, valencianos”, ha subrayado Peris.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien ha agradecido “el resultado del esfuerzo de las organizaciones agrarias en Estrasburgo” y ha reclamado que el TJUE se pronuncie sobre el cumplimiento del Tratado de Roma en la negociación con Mercosur. Aguado ha defendido que “es necesario seguir insistiendo, con toda Europa unida, para que el acuerdo se adapte a la reciprocidad y al respeto a la producción agraria europea”.

Desde Castellón, el representante de AVA-ASAJA, José Vicente Guinot, ha mostrado su “satisfacción” por la resolución del Parlamento Europeo y ha destacado que el sector reclama “justicia e igualdad de condiciones” frente a las producciones de los países sudamericanos. A su juicio, la decisión de la Eurocámara supone “un buen momento para que los representantes europeos demuestren de qué parte están” y abre una oportunidad para avanzar hacia “un acuerdo más adecuado que permita al sector agrario europeo ser mucho más competitivo”.

El futuro del tratado queda ahora condicionado al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE. Según los propios procedimientos del TJUE, este tipo de dictámenes suele requerir entre 18 y 24 meses, aunque la corte recuerda que “tiene el control total” sobre los plazos y que puede dar prioridad a una solicitud de opinión cuando las circunstancias lo requieran, un aspecto que el sector agrario confía en que se tenga en cuenta dada la magnitud económica y social del acuerdo.

La decisión del Parlamento Europeo también ha sido respaldada en el ámbito político por Compromís, a través de su europarlamentario Vicent Marzà, que ha defendido la remisión del acuerdo al TJUE ante las “dudas muy serias” sobre su compatibilidad con el derecho europeo. La formación advierte de que el tratado pone en riesgo la capacidad de la Unión para legislar en materia climática, proteger la salud de los consumidores frente a pesticidas y productos químicos prohibidos en Europa y salvaguardar los sectores productivos. A su juicio, la iniciativa de la Eurocámara supone “una clara victoria de la democracia europea” frente al intento de la Comisión y del Consejo de avanzar sin los debidos controles democráticos. Marzà ha insistido en que se trata de un acuerdo "ilegal" que "va en contra de los agricultores y ganaderos valencianos y en contra de la salud de la ciudadanía europea". El europarlamentario ha celebrado que "hemos ganado la votación y ahora el tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo", cuya aplicación se paraliza por el momento.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha lamentado el voto del Parlamento y sostiene que las preocupaciones expresadas ya han sido atendidas, aunque el calendario y el alcance final del acuerdo quedan ahora supeditados al criterio del alto tribunal europeo, en un escenario que el campo valenciano afronta con cautela, pero también con la expectativa de que se introduzcan cambios sustanciales antes de cualquier aplicación definitiva del pacto.

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