CASTELLÓ. Las principales organizaciones agrarias valencianas han expresado un rechazo frontal a la política comercial de la Unión Europea tras la activación provisional del acuerdo con Mercosur prevista para el próximo mes de mayo y la firma del nuevo tratado comercial con Australia, decisiones que consideran un nuevo golpe para la rentabilidad y la viabilidad del sector primario autonómico.

Tanto La Unió Llauradora i Ramadera como AVA-ASAJA coinciden en denunciar que Bruselas vuelve a situar al sector agroalimentario como "moneda de cambio" en las negociaciones internacionales, facilitando la entrada de productos procedentes de terceros países "que no están sometidos a los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales exigidos a los productores europeos".

Las organizaciones agrarias advierten de que la acumulación de acuerdos comerciales en un corto periodo de tiempo consolida un modelo que incrementa la competencia exterior mientras aumenta las exigencias normativas y los costes de producción internos, generando un desequilibrio que amenaza especialmente a sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo con Australia, culminado tras más de ocho años de negociaciones, contempla la apertura de contingentes arancelarios para productos considerados sensibles. Entre ellos destacan las 30.600 toneladas de carne de vacuno —casi nueve veces más que las importaciones actuales—, 25.000 toneladas de ovino y caprino libres de aranceles y concesiones adicionales en arroz, azúcar, lácteos, etanol y derivados del cereal.

Las organizaciones agrarias alertan de que, aunque la Comisión Europea sostiene que estos volúmenes representan un porcentaje reducido del consumo comunitario, su impacto territorial puede ser elevado al presionar los precios en origen y afectar directamente a explotaciones familiares y ganadería extensiva.

En el caso valenciano, el arroz y la ganadería extensiva, sobre todo ovino y bovino, aparecen como los sectores más vulnerables ante la entrada de producciones procedentes de países con menores costes y regulaciones diferentes. Además, denuncian que Australia permite sistemas productivos —como el uso de hormonas de crecimiento en la carne— prohibidos en la Unión Europea desde hace décadas.

Según el secretario general de La Unió, Carles Peris, resulta contradictorio “fomentar acuerdos que traen carne desde miles de kilómetros sin nuestros estándares de producción mientras se pone en riesgo la supervivencia económica de las zonas rurales del interior”, donde la actividad ganadera cumple además funciones ambientales y de fijación de población.

El efecto acumulativo de los acuerdos comerciales

Las organizaciones subrayan que el impacto no debe analizarse de forma aislada, sino como parte de un efecto acumulativo derivado de tratados recientes o en negociación, entre ellos Mercosur, que permitirá ampliar el acceso de productos agroalimentarios sudamericanos al mercado europeo. Entre los sectores que más afectados pueden verse por este acuerdo de libre comercio está también la citricultura, ya que Argentina y Brasil son grandes productores de cítricos. 

A juicio de La Unió, la entrada en vigor provisional del acuerdo con Mercosur se impulsa además sin una evaluación transparente de sus consecuencias económicas y sociales y pese a las dudas jurídicas existentes sobre su compatibilidad con los tratados europeos.

AVA-ASAJA comparte esta preocupación y sostiene que la UE ha priorizado intereses industriales —como la automoción o el acceso a materias primas estratégicas para la transición energética— a costa del sector agrario. La organización recuerda que situaciones similares ya se produjeron con decisiones comerciales anteriores o con medidas vinculadas a la política energética y a los aranceles sobre fertilizantes.

Otro de los aspectos que genera mayor inquietud es la eficacia real de las cláusulas de salvaguarda incluidas en los acuerdos. Las organizaciones agrarias recuerdan precedentes recientes en los que estos mecanismos se activaron tarde o resultaron ineficaces, como ocurrió con las importaciones de arroz procedentes del sudeste asiático o con el etanol pakistaní.  “Son herramientas defensivas muy difíciles de aplicar en la práctica. Cuando llegan, el daño al sector ya está hecho”, advierte Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. 

Un sector en un contexto especialmente vulnerable

El rechazo a los acuerdos se produce en un escenario especialmente complejo para el campo valenciano, marcado por la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común (PAC), el incremento de los costes energéticos y de insumos, y la inestabilidad geopolítica derivada de los conflictos internacionales.

Ante esta situación, ambas organizaciones reclaman a las instituciones europeas introducir criterios reales de reciprocidad comercial, excluir los sectores sensibles de las negociaciones y garantizar evaluaciones de impacto previas antes de aprobar nuevos tratados.

Asimismo, han hecho un llamamiento directo a los eurodiputados responsables de la ratificación para que reconsideren su apoyo a estos acuerdos y eviten que la política comercial comunitaria continúe construyéndose —advierten— “a costa de quienes producen los alimentos en Europa”.

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