CASTELLÓ. España, Francia e Italia mantienen un frente común para revertir el grave recorte de días de actividad propuesto por la Comisión Europea para la flota de arrastre del Mediterráneo, una decisión de enorme impacto para el litoral valenciano y, de forma muy directa, para el sector castellonense, ya en situación crítica.
La negociación está marcada por la complejidad de conciliar los intereses de los países afectados por una propuesta que los gobiernos califican de “drástica” y “alejada de la realidad” del Mediterráneo occidental. Como base de negociación, Bruselas plantea un recorte del 65% respecto a la referencia utilizada este año, lo que dejaría la actividad en apenas 9,7 días de pesca por buque en 2026. La Comisión contempla la posibilidad de recuperar niveles similares a los de 2024 —en torno a 130 jornadas— solo si se aplican nuevas medidas de compensación, varias de ellas consideradas materialmente inviables por el sector y por los Estados miembros. A la oposición frontal de España se han unido también Francia e Italia, que temen las consecuencias que un recorte de días de faena tendría en sus respectivas flotas pesqueras.
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llegó a la cita calificando la propuesta como “de otro planeta”. Insistió en que España defenderá que la flota mediterránea disponga en 2026 de más días que en el ejercicio actual y exigió que la UE reconozca “el mayor esfuerzo de conservación realizado en la historia de la política pesquera común”. La previsión es que las negociaciones se prolonguen hasta la madrugada del viernes al sábado, en un pulso decisivo tanto para España como para los otros países mediterráneos afectados.
España, Francia e Italia sostienen que las medidas de conservación ya aplicadas deben reflejarse en el reglamento pesquero de 2026. Alegan que el estado de los caladeros ha mejorado, según los últimos dictámenes científicos, y que el sector ha adoptado medidas “potentes y ambiciosas” cuyo impacto será aún más visible en próximas evaluaciones.
Solo en el caso español, más de 550 buques de arrastre han incorporado sistemas de selectividad, mientras que las llamadas puertas voladoras —una de las exigencias planteadas por Bruselas— ya están instaladas en cerca de 200 embarcaciones. Gobierno y sector consideran que este esfuerzo debería ser reconocido por la Comisión, no penalizado con una nueva batería de requisitos de difícil implementación.
Para 2025, España logró alcanzar los 130 días de esfuerzo pesquero gracias a ajustes técnicos y negociaciones directas con Bruselas, cifra ampliada recientemente con 13 jornadas adicionales extraordinarias. Pero para 2026 el sistema de compensaciones cambia por completo: según información difundida por Efe, para llegar a unas 100 jornadas sería necesario aplicar todas las medidas propuestas por la Comisión, incluidas algunas dependientes de terceros países o ya implementadas este año. Fuentes diplomáticas califican este planteamiento de “malísimo” e “inaceptable”, y recuerdan que especies como la merluza presentan mejoras acreditadas por la ciencia.
Preocupación entre los pescadores de Castellón
En la provincia de Castellón, donde operan cinco cofradías y alrededor de medio centenar de barcos de arrastre, el sector afronta la negociación con enorme preocupación. Los armadores alertan de que un recorte adicional puede precipitar la desaparición de una actividad que ya acumula un fuerte retroceso: pérdida de barcos, reducción de rentabilidad y crecientes dificultades para garantizar la viabilidad económica mínima.
Uno de los principales puntos de fricción es la obligatoriedad de instalar puertas voladoras, cuyo coste ronda los 60.000 euros por embarcación. Apenas una docena de barcos castellonenses han podido asumir esta inversión. Además, existe inquietud por la posibilidad de nuevos cierres de zonas de pesca, que restringirían aún más el radio operativo de una flota ya muy limitada.
