CASTELLÓ. La flota pesquera de la provincia de Castellón continúa reduciéndose al compás del endurecimiento de las condiciones de actividad, la caída de capturas y de rentabilidad, factores que desincentivan la continuidad de los profesionales y complican el relevo generacional. Según los últimos datos facilitados por la Generalitat Valenciana, en 2025 quedan censadas en los cinco puertos de la provincia —Castelló, Burriana, Vinaròs, Peñíscola y Benicarló— un total de 136 embarcaciones, frente a las 170 registradas en 2020. La pérdida de 34 barcos en apenas un lustro supone un descenso del 20%, reflejo de un proceso de ajuste que el sector considera estructural.

El recorte afecta a todas las modalidades. Las embarcaciones de artes menores han pasado de 76 en 2020 a 58 en la actualidad; el arrastre, la modalidad más condicionada por la normativa comunitaria, ha descendido de 68 a 59 barcos; el cerco ha bajado de 22 a 16 unidades; y el palangre, de 4 a 3. La tendencia, además, no se ha frenado en el último ejercicio. Si se compara con 2024, cuando la provincia contaba con 144 embarcaciones, la caída interanual es del 5,5%. En solo un año han desaparecido ocho barcos del censo provincial.

Este retroceso de la flota se produce en paralelo al desplome de las capturas, condicionado por la aplicación del plan de gestión plurianual aprobado por la Unión Europea para la pesca en el Mediterráneo. Desde 2020, las reducciones progresivas del esfuerzo pesquero —especialmente en el arrastre— han limitado de forma significativa los días de faena. En 2025, las embarcaciones han podido trabajar un 40% menos de jornadas que antes de la entrada en vigor del plan, lo que ha tenido un impacto directo en la actividad y en los ingresos.

Las cifras de descargas evidencian esta contracción. En el conjunto de los cinco puertos de la provincia, las capturas han pasado de 10.754 toneladas en 2018 a 5.377 toneladas en 2025, lo que representa una reducción cercana al 50%. Solo en el puerto de Castelló, el volumen ha descendido desde las 5.415 toneladas registradas en 2018 hasta las 2.354 toneladas del último ejercicio. La pérdida de actividad, unida al aumento de costes operativos, ha estrechado los márgenes de rentabilidad hasta niveles que el sector califica de “insostenibles”.

La consecuencia directa es el abandono progresivo de embarcaciones. Algunas se venden fuera de la provincia; otras cesan su actividad por jubilación de sus patrones sin que exista relevo generacional. Las cofradías insisten en que la falta de incorporación de jóvenes al sector agrava el problema y compromete la continuidad de una actividad histórica en el litoral castellonense.

El ajuste no es exclusivo de Castellón. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la flota ha pasado de 549 embarcaciones en 2020 a 460 en 2025. Alicante ha reducido su censo de 265 a 241 barcos; Valencia, de 114 a 83; y Castellón, de 170 a 136. Todas las provincias pierden unidades en un contexto marcado por la reordenación del esfuerzo pesquero y por la creciente exigencia normativa.

Aunque la Comisión Europea ha permitido mantener en 2026 el mismo número de días de faena que en 2025 para el arrastre mediterráneo —143 jornadas anuales—, el sector advierte de que este cupo apenas garantiza alrededor de siete meses de actividad efectiva. A ello se suma la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que ha introducido obligaciones adicionales, si bien con ciertas flexibilidades pactadas con el Ministerio para adaptarlas a la operativa real de la flota de bajura.

En este escenario, la reducción de barcos no responde únicamente a una coyuntura puntual, sino a una combinación de factores regulatorios, económicos y demográficos. La pérdida del 20% de la flota en cinco años confirma una tendencia que preocupa a las cofradías, que alertan de que sin mejoras en la rentabilidad y sin incentivos para el relevo generacional, la contracción del sector pesquero provincial podría agravarse de manera irreversible en los próximos años.

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