CASTELLÓ. La Comisión Europea ha dado un paso hacia el establecimiento de límites más estrictos a los residuos de plaguicidas en productos agrícolas importados al incluir una propuesta para fijar un límite máximo en sustancias no autorizadas en la Unión Europea, una reivindicación histórica del sector agrario trasladada reiteradamente por La Unió Llauradora a las instituciones comunitarias.

El Ejecutivo europeo ha presentado recientemente el paquete legislativo denominado “Food & Feed Omnibus”, que introduce modificaciones en la normativa sobre límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos, regulada por el Reglamento (CE) 396/2005. Entre las principales novedades destaca la incorporación del denominado “cero técnico”, es decir, el nivel mínimo de residuos que puede detectar un laboratorio con fiabilidad para determinadas sustancias prohibidas en la UE y consideradas especialmente preocupantes.

En la práctica, esta medida implicaría que, cuando una sustancia esté prohibida en territorio comunitario por motivos sanitarios o medioambientales, su presencia en productos importados quedaría limitada al mínimo detectable. Según La Unió, se trata de un avance relevante porque refuerza el principio de reciprocidad: si un producto fitosanitario no puede utilizarse en Europa, tampoco debería emplearse para producir alimentos destinados al mercado europeo.

La organización agraria considera que la propuesta contribuiría a reforzar la seguridad alimentaria en los controles fronterizos, aunque insiste en que los países terceros que exporten a la Unión Europea deben cumplir los mismos estándares de producción exigidos a los agricultores comunitarios.

Presión del sector agrario europeo

La evolución normativa responde, en parte, a la presión sostenida del sector agrario europeo y al trabajo desarrollado por organizaciones profesionales como La Unió y la Unión de Uniones de Agricultoras y Ganaderos, que han remitido diversos informes a las instituciones europeas reclamando la aplicación efectiva del principio de reciprocidad en las importaciones agrícolas.

Actualmente, las explotaciones europeas operan bajo normativas cada vez más exigentes en materia sanitaria, medioambiental y de seguridad alimentaria, mientras que al mercado comunitario continúan llegando productos procedentes de terceros países cultivados con sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE.

Según el sector, esta situación genera una doble problemática: por un lado, competencia desleal para los productores europeos, que afrontan mayores costes y menos herramientas productivas; por otro, una incoherencia normativa al permitirse la entrada de alimentos tratados con sustancias consideradas peligrosas dentro del propio territorio comunitario.

Durante años, las organizaciones agrarias han advertido de que el mercado europeo no puede funcionar con “dos velocidades”: una para los productores comunitarios y otra para los productos importados que compiten en los mismos lineales comerciales.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, valora positivamente la iniciativa, aunque reclama avances adicionales. “Cualquier paso hacia el principio de mismas reglas para todos es una buena noticia, aunque queda mucho camino por recorrer. Su efectividad dependerá de cómo se aplique finalmente durante el proceso legislativo”, señala.

Peris defiende la implantación real de las denominadas cláusulas espejo, que obligarían a los productos importados a respetar los mismos estándares fitosanitarios, medioambientales y de producción exigidos a los agricultores europeos.

Los productores valencianos de cítricos, arroz, miel, uva de mesa, almendra, frutas y hortalizas han afrontado en los últimos años un aumento progresivo de restricciones sobre fitosanitarios autorizados, en muchos casos sin alternativas eficaces disponibles. Paralelamente, el mercado europeo sigue recibiendo productos cultivados con materias activas prohibidas en la UE, lo que, según el sector, genera un desequilibrio competitivo que pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

“El futuro de la agricultura valenciana depende de una idea sencilla: no se puede exigir cada vez más a los agricultores europeos mientras el mercado permanece abierto a productos elaborados con normas mucho menos estrictas”, afirma Peris. “Si Europa quiere una agricultura sostenible, también debe garantizar condiciones de competencia justas”.

La organización agraria reclama además reforzar los controles en frontera hasta alcanzar el 50% de las inspecciones, ampliar las verificaciones en origen, mejorar los sistemas de control y exigir certificados que acrediten el uso de materias activas durante el proceso de producción.

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