CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló perfila el presupuesto más alto de su historia para 2020 con un incremento del 2,9% en relación a 2019. Los 187 millones de euros aumentan en 5,2 millones las cuentas aprobadas en el anterior ejercicio, cifradas en 181,8 millones de euros.

El gobierno de Amparo Marco, además de alcanzar un techo, mantiene la tendencia alcista por quinto año consecutivo desde que situó al Partido Popular en la bancada de la oposición en 2015.

En el primer ejercicio real de la legislatura, en 2016, el presupuesto se elevó hasta los 159 millones de euros. Esa cifra se disparó un año después al avalar unas cuentas de 170,8 millones, lo que supuso un salto cuantitativo en cuanto a inversiones se refiere.

Sin embargo, el crecimiento financiero del Ayuntamiento no se estabilizó en esa barrera de los 170 millones. La progresión ascendente marcó la segunda parte del mandato, con 176 millones para 2018 y 181,8 millones para 2019. Esas sustanciales mejoras permitieron avanzar hacia la modernidad, estableciendo los cimientos para afrontar los desafíos del futuro.

No en vano, el Acord de Fadrell encara 2020 como el año de la gran transformación. El Plan General, la rehabilitación del edificio de Borrull y la segunda fase de la ronda Oeste serán las puntas de lanza de un desarrollo urbanístico que irá acompañado de políticas sostenibles y sociales. Otros ejes esenciales corresponderán a vivienda, a la lucha contra el cambio climático, al apoyo a la economía productiva o la promoción cultural.  

Bajada del IBI

El esfuerzo económico para trazar un presupuesto de 187 millones será mayor si se tiene en cuenta que la tercera revisión catastral desde que gobierna la coalición progresista, y que se determina por el valor del suelo y la tasación de la construcción, mermará las arcas municipales en dos millones de euros, aproximadamente, al bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Una vez diseñado el borrador de los ingresos y gastos, el siguiente objetivo del equipo de gobierno (PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EUPV) estribará en culminar las negociaciones sobre los capítulos de contratos e inversiones para llevar las cuentas al pleno de febrero. Si no fuera posible por la tramitación administrativa, la aprobación se elevaría a la sesión de marzo.