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Castelló reclama a los fondos buitre que acaben con los "abusos" en alquileres de la ciudad

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CASTELLÓ. (EP). La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló remitirá a los fondos buitre que operan en la ciudad una carta en la que reclama "que ponga fin a los abusos" a los inquilinos de alquiler y en la que adjunta la reprobación a su actuación aprobada por el Pleno Municipal. La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha firmado este lunes la misiva que será remitida este martes a cuatro sociedades de inversión por los servicios municipales y ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es evitar las "prácticas abusivas" que consideran que practican los fondos buitre en Castelló, "presionando a inquilinos para que rescindan el contrato o desatendiéndose de limpiar las zonas comunes".

"La actuación de los fondos buitre provoca un aumento de un 50 por ciento del precio del alquiler y ha causado la marcha de 60 familias de antiguas VPO del Raval Universitari", ha afirmado la edil.

La carta incorpora la moción del Pleno y en la misma la concejalía de Vivienda propone a los fondos cuatro medidas: que nombren un mediador que se mantenga en permanente contacto con la concejalía; que reinicie labores de mantenimiento en los edificios de su titularidad; que respete los contratos en vigor dejando las "prácticas de presión" que realizan para que los vecinos abandonen el inmueble y se eviten situaciones de viviendas vacías; que atienda las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos y que abandone "prácticas abusivas".

La moción aprobada por el Pleno reprueba las "prácticas abusivas" de los fondos buitre y refuerza la intermediación de la concejalía en los conflictos entre los inquilinos de alquileres y la sociedad financiera.

La concejalía de Vivienda ha preparado un informe, con el respaldo de una consultora externa experta en materia de vivienda, que trasladará esta semana a la Conselleria de Vivienda como órgano competente para que inicie un expediente sancionador contra seis fondos buitre e inmobiliarias de Castelló. En esta documentación menciona ocho supuestos indicios de acoso inmobiliario de las citadas sociedades de inversión.

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