CASTELLÓ. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha reaccionado ante la sentencia que ha invalidado el desalojo de una vivienda afectada por las obras del acceso ferroviario sur. El TSJ cuestiona que esta orden se practicó sin abonar el justiprecio y sin buscar una alternativa habitacional. Tras el fallo del TSJ, Adif ha cambiado el paso y ha decidido acelerar el pago económico pendiente con la familia, valorado en 176.000 euros. 

Adif ha contactado este viernes con la propietaria, según ha confirmado ella misma, para transmitirle que recibirá de forma inmediata una transferencia por el justiprecio. También le han trasladado que no recurrirán la resolución ante el Tribunal Supremo, además de transmitirle sus disculpas por una forma de proceder que ha sido cuestionada por los tribunales, según la vecina. 

No obstante, la cantidad fijada por Adif en el justiprecio es inferior a la valoración de la casa realizada por la vecina, que asciende hasta los 400.000 euros. En este caso, la dueña explica que ha de resolver el juzgado de la expropiación y que el Administrador de Infraestructuras se ha comprometido a destinar más dinero si finalmente se aprueba una cuantía mayor de la inicial. 

Con los 176.000 euros, la familia desahuciada hará frente a una hipoteca que arrastraba de su antigua vivienda y confía en cobrar otros 200.000 euros más para buscar otra casa. Mientras tanto, reside en un piso municipal facilitado por el Ayuntamiento de Castelló. Su antigua casa ya fue demolida por las obras de la conexión ferroviaria, que siguen su curso. 

Cabe recordar que una madre y sus dos hijos -uno de ellos menor de edad y con un 70% de discapacidad- fueron obligados en agosto a abandonar su casa al formar parte del trazado del acceso sur y ser necesario su derribo. Adif alegó la declaración de interés general de la infraestructura, avanzó un pago de 42.000 euros por los perjuicios ocasionados por la ocupación y delegó en el Ayuntamiento la localización de otra vivienda. 

Pero materializó el desalojo sin ejecutar el justiprecio. Así, el TSJ tiró atrás la primera sentencia judicial que ampara la actuación de Adif  por no compensar a la familia con fondos económicos o una vivienda y por realizar "una ocupación forzosa sin realizar el debido juicio de ponderación, y sin adoptar las cautelas oportunas en materia de protección del menor, ya por la Administración, ya por el juzgado autorizante".