CASTELLÓ. El concurso público para reforzar la vigilancia en tres dependencias de Servicios Sociales en Castelló despierta un notable interés entre las empresas del sector. Así, hasta trece compañías optan al contrato para prestar el servicio de seguridad privada en la parte municipal del nuevo edificio de Borrull, el Centro Urban Castelló y la sede de la zona norte, después de la apertura del sobre con la documentación administrativa por parte de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento. Las propuestas proceden tanto de firmas locales como de empresas de diferentes puntos de la geografía española, prueba de la competencia generada por un acuerdo que persigue mejorar la protección en espacios de elevada atención ciudadana.

En concreto, el órgano de contratación admite a la licitación a una docena de aspirantes tras revisar la documentación presentada. De esta manera, entre ellas figuran la castellonense Casva Seguridad; Coviar, con sede en Zaragoza; Grupo Eulen, Ilunion Servicios, Iman Seguridad y Seyvi Seguridad, las tres con implantación en la Comunidad de Madrid; Llodan Seguridad, procedente de Gandía; Seguprot, de Teruel; Grupo Secoex, radicada en Badajoz; Grupo Sureste, con sede en la provincia de Murcia; Vigiprot, de Alicante; y Homeland Security Spain, con origen en la provincia de A Coruña. 

Del control de accesos a la orientación de los usuarios

Con ella, la Mesa ha decidido admitir provisionalmente a todos los licitadores, excepto a la valenciana Fovasa Seguridad, al detectar en su documentación presentada una indicación de que no cumple con los criterios de selección exigidos. Ante esta circunstancia, el órgano municipal ha acordado requerir a la mercantil para que aclare este extremo mediante la presentación de un nuevo informe correctamente cumplimentado en un plazo de tres días hábiles. Asimismo, el procedimiento incluye un trámite específico respecto a la oferta presentada por Homeland Security Spain. En este caso, la empresa registró su propuesta antes de que la Junta de Gobierno Local aprobara una modificación del pliego para incorporar la obligación de subrogación del personal adscrito al servicio y ahora la Mesa requiere a la firma para que confirme si mantiene su oferta.

El Ayuntamiento de Castelló licitó este servicio con el objetivo de reforzar la seguridad en tres sedes de los Servicios Sociales municipales caracterizadas por su intensa actividad y la atención directa a la ciudadanía. El contrato posee un importe base ligeramente superior a los 318.000 euros y una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderlo un máximo de otro ejercicio a través de una prórroga. Desde el equipo de gobierno municipal justificaron inicialmente esta vigencia limitada por el contexto de negociación del nuevo convenio colectivo del sector de la seguridad privada, aunque la sesión de la Junta de Gobierno mencionada anteriormente rectificó el pliego para adaptarlo al pacto vigente del sector y "evitar disfunciones", según aseguró el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales.

Al detalle, el alcance del contrato abarca tres inmuebles con características diferenciadas. En el nuevo edificio de la plaza Borrull se prevé la presencia de tres vigilantes en días laborables —dos en los accesos principales y otro en la entrada recayente en la avenida Hermanos Bou—, donde también se ubica el Centro de Valoración de la Discapacidad de la Generalitat Valenciana. Por su parte, tanto el Centro Urban Castelló, situado en la Quadra de la Salera, como la sede de la zona norte en la calle Historiador Escolano poseerán un vigilante durante el horario de atención al público. Las funciones previstas incluyen desde el control de accesos y la orientación a usuarios hasta la supervisión de sistemas de seguridad, la colaboración en emergencias o la elaboración de informes periódicos sobre incidencias y actividad del servicio.

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