CASTELLÓ. La Junta Directiva de CEV Castellón, reunida hoy, ha analizado las principales conclusiones del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025, presentado recientemente por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, en el que se constata un agravamiento de la precariedad y una cronificación de los procesos de exclusión social.
El informe destaca que el 48,3% de las personas que viven en régimen de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social; que más de 450.000 hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada; y que 126.000 hogares tienen a todas las personas activas en situación de desempleo. Cáritas subraya, igualmente, que el empleo continúa siendo un pilar clave para la integración social, pero que ha dejado de constituir por sí solo una garantía de inclusión.
Ante este escenario, desde CEV Castellón se ha advertido del riesgo de normalizar unos niveles de pobreza y exclusión que responden a causas estructurales y que requieren respuestas decididas y coordinadas desde el conjunto de las administraciones públicas, el ámbito empresarial y el tercer sector. En este sentido, el presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí, ha subrayado la necesidad de "reforzar de forma prioritaria las políticas activas de empleo, facilitar el acceso a la vivienda y articular medidas de apoyo a los hogares más vulnerables que permitan frenar la extensión de la exclusión social".
"La cohesión social y el desarrollo económico son dos realidades inseparables. Una economía fuerte en Castellón necesita una sociedad integrada, con oportunidades reales de acceso al empleo, a la vivienda y a los suministros básicos", ha añadido.
La junta de CEV Castellón ha puesto también el acento en la importancia de la colaboración público-privada y del diálogo social como herramientas clave para diseñar respuestas eficaces y sostenibles en el tiempo, capaces de abordar no solo las consecuencias, sino también las causas de la exclusión.
Por último, desde CEV Castellón se ha trasladado su disposición a colaborar con las administraciones y con entidades sociales, como Cáritas, que trabajan en primera línea de atención a las personas vulnerables, con el objetivo de impulsar soluciones estructurales que contribuyan a reducir la pobreza, fortalecer la cohesión social y garantizar un desarrollo económico más inclusivo en la provincia.