CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha denunciado que la denominada Ley de Libertad Educativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón está demostrando ser un fracaso y una estafa para muchas familias, tras conocerse el caso del CEIP Carles Salvador de Castelló, donde varias familias han denunciado que no podrán escolarizar a sus hijos e hijas en valenciano a pesar de ser la opción elegida mayoritariamente.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha recordado que el Partido Popular justificó esta ley asegurando que las familias podrían elegir libremente la lengua en la que estudiarían sus hijos e hijas. “El Partido Popular no solo incumplió la propia ley que creó, impidiendo que en las comarcas castellanohablantes las familias que querían estudiar en valenciano pudieran hacerlo, sino que ahora también está incumpliendo su palabra en Castelló”, ha afirmado.

Garcia ha recordado las declaraciones del Consell de la Generalitat durante la tramitación de la norma, cuando aseguraban que sería “sagrado” lo que eligieran las familias. “Nos dijeron que la libertad era sagrada, que las familias podrían elegir la educación de sus hijos e hijas y que estudiarían en la lengua que habían escogido. Hoy sabemos que eso era mentira. Las familias de Castelló no pueden elegir la lengua en la que estudian sus hijos e hijas”, ha lamentado.

Los criterios de la normativa

Para el portavoz de Compromís, el caso del CEIP Carles Salvador evidencia que la normativa no responde a criterios educativos ni pedagógicos. “La realidad es que esta ley se hizo con tres objetivos muy claros: reducir las horas de valenciano, generar división entre las familias y dificultar una buena organización pedagógica de los centros educativos”, ha señalado. Garcia ha defendido que el modelo lingüístico anterior contaba con el aval de la comunidad educativa, de los profesionales de la pedagogía y de los expertos en sociolingüística. “Era un modelo que garantizaba el aprendizaje del valenciano, del castellano y también del inglés, que ofrecía seguridad a las familias y que permitía a los centros organizarse con criterios pedagógicos. El modelo del PP ha convertido la matrícula escolar en una lotería”, ha afirmado.

Desde Compromís también han advertido que la nueva normativa dificulta la organización de los centros educativos y limita la capacidad de los equipos docentes para adoptar las decisiones más adecuadas para el alumnado. Según Garcia, la separación obligatoria por lengua base impide aplicar otros criterios educativos vinculados a las necesidades específicas del alumnado, el equilibrio de los grupos o la convivencia escolar.

"La voluntad de discriminar el valenciano"

Además, el portavoz ha recordado que la propia ley ya demostró su voluntad de discriminar al valenciano cuando impidió que familias de las zonas castellanohablantes pudieran acceder a una educación mayoritariamente en valenciano pese a haberlo solicitado mayoritariamente. “Cada día queda más claro que esta ley no estaba pensada para mejorar la educación ni para dar más derechos a las familias. Estaba pensada para reducir la presencia del valenciano en las aulas y para generar un conflicto que antes no existía”, ha asegurado Garcia.

Finalmente, Compromís ha reclamado a la Conselleria de Educación que atienda la demanda real de las familias del CEIP Carles Salvador y autorice las modificaciones necesarias para que la oferta lingüística del centro responda a las preferencias efectivamente manifestadas durante el proceso de admisión. “Las familias de Castelló merecen que se respete su decisión. Y merecen también una alcaldesa que defienda sus intereses ante la Generalitat. Pero Begoña Carrasco sigue callando porque antepone los intereses y la hipocresía de su partido a los intereses de las familias de nuestra ciudad”, ha concluido Garcia.